Aunque es cierto que la violencia en los estadios de fútbol en Colombia han disminuido si las comparamos con la década de 2000 a 2012, y los números lo confirman, esta reducción no es suficiente. No podemos simplemente aplicar paños de agua tibia o tomar posturas a medias, ya que el escenario del fútbol y otras disciplinas deportivas no debería ser un terreno fértil para la violencia.
Estos lugares están llenos de niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y ante una gran concentración de gente, una pelea o una batalla campal podría terminar muy mal. Por ello, hacemos un llamado al Ministerio del Interior, a las Secretarías de Seguridad de las distintas ciudades, y a las dependencias relacionadas con estos hechos, a que no se olviden de que existen leyes, como la Ley del Fútbol, para castigar a los malos hinchas. Es crucial proceder sin contemplaciones.
Hoy en día, aunque hay pocos estadios con cientos de cámaras de reconocimiento facial, la inteligencia no está siendo efectiva para prevenir la entrada de barristas previamente señalados, condenados o reseñados por ser violentos. Si esta situación persiste, estamos en serios problemas.
Desde el Gobierno Nacional hasta los gobiernos municipales, junto con la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol, deben tomar medidas para filtrar y depurar a los asistentes a los estadios, priorizando por primera vez la paz, la armonía y la tranquilidad del deporte sobre el dinero. No queremos pensar que evitan castigar a la gente por temor a perder ingresos, una actitud que no dista mucho de lo que ocurre en la DIMAYOR y la Federación de Fútbol.
Lo sucedido el jueves en Medellín es bochornoso e inaceptable. Ninguna barra puede excusarse diciendo que fue el otro grupo quien inició el conflicto, y que ellos solo respondieron. Es un acto lamentable que debe ser sancionado. Ojalá las autoridades tomen acciones decisivas, contundentes y rápidas para castigar a los hinchas de cualquier equipo o tribuna involucrada. Estas acciones deben incluir la prohibición de su entrada a escenarios deportivos, la imposición de multas económicas significativas y, si es necesario, procesarlos por delitos relacionados con estos hechos.