En reciente Pacto por la Transición Energética del 28 de junio de 2023, el pueblo Wayúu manifestó su interés en el desarrollo de los proyectos de energías renovables en su territorio, siempre y cuando haya un ejercicio de fortalecimiento de las entidades del Estado y las empresas, sobre sus usos y costumbres de tal forma que se garantice la concertación o la resolución de diferencias o conflictos.
La Guajira, es una tierra de grandes contrastes. La calidad de sus vientos y rayos solares la catalogan como un destino atractivo para la inversión empresarial de energías renovables que, de consolidarse, puede llegar a liderar la transición energética del país e incluso de Latinoamérica por su gran potencial. La descarbonización de la economía nacional y el incremento del desarrollo de estos proyectos implica diversos desafíos sociales, jurídicos y económicos que recaen en la protección de los derechos colectivos de la población indígena del departamento que abarca el 42,4% del total, y de ese porcentaje, el 94.1% son pueblo Wayúu cuyos integrantes están asentados principalmente en 21 resguardos.
El Estado colombiano ha avanzado en garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al tiempo que ha regulado la actividad empresarial para permitir mejores desarrollos especialmente en el sector energético no convencional, cuyo corazón está en el territorio Wayúu. La Ley 1715 de 2014 establece que los proyectos de energía renovable tienen declaratoria de utilidad pública e interés social, lo que en este contexto guajiro pareciera implicar que el desarrollo del país recae sobre los hombros de los indígenas quienes tienen sobre su territorio los impactos.
En reciente Pacto por la Transición Energética del 28 de junio de 2023, el pueblo Wayúu manifestó su interés en el desarrollo de los proyectos de energías renovables en su territorio, siempre y cuando haya un ejercicio de fortalecimiento de las entidades del Estado y las empresas, sobre sus usos y costumbres de tal forma que se garantice la concertación o la resolución de diferencias o conflictos.
Pese a las sentencias de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de derechos humanos del pueblo Wayúu, desde el territorio indígena se reclama al Estado colombiano que se construya de manera participativa la política de transición energética del país, así como su modelo de desarrollo; es por eso que la fórmula de asociatividad anunciada por el actual gobierno deja diferentes interrogantes entre el pueblo Wayúu: ¿dicha participación económica se hará por territorios afectados (áreas de influencia)? ¿por resguardos? ¿por clanes y territorios? ¿en qué escenarios se decidirá? ¿se hará con concertación de autoridades tradicionales, alaulayu (tío materno, autoridades ancestrales) o delegados?
Entre los aspectos que deben interiorizar, tanto el Estado como las empresas, sobre el pueblo Wayúu son su tradición oral, su sistema organizacional o representatividad (que es diferente al de otros pueblos indígenas del país), su manera de heredar o de ocupar un territorio, y la extensión de éste. El conocimiento sobre estas particularidades del pueblo Wayúu toma tiempo y debe consolidarse en las “enramadas” de las comunidades, dada la importancia de estos escenarios para la toma de decisiones de los indígenas y para garantizar la participación efectiva de los clanes ancestrales.
El diálogo intercultural necesario para los proyectos en territorios indígenas requiere la generación de confianza entre las partes, que las metas y procesos sean flexibles, dado que los impactos los perciben las culturas locales que deben acomodarse a las nuevas condiciones que les exigen reinterpretar su territorio.
El Estado y sus instituciones como garantes del goce de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, tienen el desafío de articular sus acciones para agilizar el logro de los objetivos de la transición energética; entender los procesos de cada una de esas instituciones llevará a cumplir el punto quinto del Pacto: “Disponer de mecanismos, procedimientos y acciones que aseguren la respuesta institucional oportuna y efectiva para la gestión de las conflictividades y el impulso de los proyectos de desarrollo en la región”.
Ahora bien, el sector privado también debe articularse a partir de la aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos formulados por las Naciones Unidas en el 2011; esto requiere, en esencia, un proceso robusto de debida diligencia que permita identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos de las actividades empresariales de manera continua en el territorio Wayúu.
De uno de los autores: Una mirada al desarrollo minero con enfoque justo y programático beneficia a todos
Mauricio Cuesta en colaboración con Angélica Díaz.
Miembros Environmental Resource Management ERM