El Presupuesto General de la Nación para el año 2025, que asciende a $523 billones, no fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso de la República. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el Gobierno Nacional recurrirá a la expedición del presupuesto mediante decreto.
Panorama general: El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025 culminó en un revés significativo para el gobierno de Gustavo Petro, ya que las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes no aprobaron ninguna de las ponencias presentadas.
La propuesta inicial del Gobierno, que ascendía a $523 billones, fue rechazada, al igual que la alternativa presentada por la representante Olga Lucía Velásquez del Partido Alianza Verde, que contemplaba un monto de $518 billones. Además, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, había sugerido un presupuesto de $488 billones, que implicaba una reducción de $35 billones con respecto a la propuesta oficial.
La sesión para discutir el presupuesto se vio interrumpida por la falta de cuórum, ya que solo estaban presentes cinco senadores. Este escaso apoyo llevó al levantamiento del debate, dejando al Gobierno en una situación delicada y sin la posibilidad de realizar las modificaciones que habitualmente se llevan a cabo en el Congreso.
¿Qué significa el rechazo del Presupuesto General de la Nación para el gobierno de Gustavo Petro?
Por qué es importante: Ante la negativa del Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el proyecto será expedido por decreto por parte del presidente Gustavo Petro. Esta decisión le otorgará al mandatario la autoridad para fijar el monto que considere apropiado, lo que ha generado inquietud en diversos sectores que advierten sobre la desfinanciación del presupuesto.
Bonilla también mencionó que, a pesar de los esfuerzos por alcanzar acuerdos en las últimas horas, no se lograron consensos que permitieran avanzar en la aprobación del presupuesto. Defendió la necesidad de que la ley de financiamiento se apruebe, señalando que no se trata de una reforma tributaria, sino de un plan que incluye tres componentes, siendo el primero un conjunto de estímulos destinados a la reactivación económica.
Detalles:
La cifra de $523 billones ha sido objeto de críticas por parte de expertos y analistas que consideran que está desfinanciada. La falta de un respaldo legislativo y el rechazo de las propuestas alternativas indican que el camino hacia la consolidación del presupuesto no será sencillo para el Gobierno de Petro.
Con la situación actual, la capacidad del Gobierno para implementar su agenda de gasto social y desarrollo se encuentra en entredicho, y será fundamental observar cómo se maneja este escenario en los próximos días, así como la respuesta de los diferentes sectores políticos y sociales ante esta situación sin precedentes en la historia reciente del país.
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