El debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano volvió a encenderse tras los cálculos presentados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El presidente del gremio, Bruce Mac Master, advirtió que el ajuste decretado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2026 será insuficiente y dejará un faltante de $3,7 billones, un panorama crítico que coincide con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Panorama general: De acuerdo con el análisis gremial, para el aseguramiento se contemplaron $72,4 billones, de los cuales $49,9 billones corresponden a un aporte directo de la Nación. Sin embargo, la Andi detalló que esta apropiación apenas dejará un margen de 5% para elevar la UPC del próximo año. El malestar radica en que, frente al incremento del 15,6% que defendían los actores del sector para 2026, el aumento final fue de 12,94%, lo que desató el actual desbalance financiero.
La advertencia de la Andi se suma a los reiterados llamados de atención que diversos centros de pensamiento han hecho sobre los cálculos de la suficiencia en salud. Mac Master recordó que análisis previos proyectaban para 2025 una siniestralidad del 105,9% y un déficit operativo de $10,2 billones.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) había estimado en su momento que la UPC de 2025 requería un alza de 16,4%, muy lejos del 5,36% que se decretó, y calculó un déficit acumulado superior a $19,8 billones durante los tres años anteriores, de los cuales unos $9,9 billones correspondieron exclusivamente a la vigencia de 2024.
Déficit en la salud: Gobierno y gremios discuten recursos ante la insuficiencia de la UPC
Ante este panorama, el Ministerio de Salud solicitó un incremento de $13,9 billones frente al presupuesto inicialmente radicado ante el Congreso para 2027, recursos que se dividen en $12,3 billones para funcionamiento y $1,6 billones para inversión.
No obstante, los requerimientos técnicos superan esa última cifra. El propio Ministerio reconoció que los recursos de inversión deberán ascender a $1,9 billones con el fin de atender la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. El balance oficial revela que 440 instituciones de salud sufrieron daños, de las cuales 19 exigen una reconstrucción total, con un costo estimado en $900.000 millones, y otras 100 demandan adecuaciones mayores, calculadas en unos $582.000 millones.
«La lección es sencilla: si se decide ampliar vacunación, recuperar infraestructura y sostener la atención, esas decisiones deben tener una fuente de financiación identificable. La política pública fija prioridades; el presupuesto determina su viabilidad», puntualizó Mac Master.
Por qué es importante: Para el dirigente gremial, el desafío actual exige una sincronización perfecta entre las proyecciones técnicas y la realidad macroeconómica del país, destacando la articulación inicial entre las carteras de Hacienda y Salud en la identificación de las necesidades.
- Realidad fiscal: El Ministerio de Hacienda tiene la tarea de integrar las demandas del sector dentro de los límites macroeconómicos del país.
- Responsabilidad legislativa: El Congreso de la República asume la facultad y el deber de examinar los recursos y tomar decisiones de fondo.
«El reto no es repetir el diagnóstico, sino convertirlo en una asignación técnicamente sustentada», concluyó el presidente de la Andi.