El fuego no da tregua en el altiplano cundiboyacense. Ante la gravedad de la emergencia ambiental que azota por estos días a Villa de Leyva, las autoridades locales decidieron poner el pie en el acelerador este lunes y declararon la calamidad pública, una figura jurídica con la que buscan destrabar recursos y desplegar sin ataduras logísticas todas las capacidades del Estado.
Panorama general: La conflagración, que estalló al caer la tarde del pasado sábado en la vereda La Castellana, precisamente en las faldas del cerro San Marcos, ya ha devorado unas 273 hectáreas. El terreno agreste, sumado a los fuertes vientos y a una vegetación completamente seca por la temporada, ha puesto a prueba a bomberos y rescatistas que batallan contra las llamas ladera arriba.
En medio de una sesión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado, el alcalde encargado, Nicolás Méndez, dio el parte de las decisiones adoptadas para proteger a la población.
Suspensión de actividades escolares: Para este lunes 21 de septiembre se cancelaron las clases en todo el municipio, una medida pensada para que los menores permanezcan a buen resguardo en sus hogares.
Albergue temporal: El coliseo municipal fue adaptado a las carreras como un centro de acogida para recibir a las familias que tuvieron que dejarlo todo tras las evacuaciones preventivas en hoteles y caseríos cercanos. Hasta el momento, por fortuna, los reportes médicos descartan víctimas fatales o heridos de gravedad.
Eso sí, el mandatario local lanzó un tirón de orejas a los curiosos. Explicó que la presencia de personas sin entrenamiento técnico en los puntos calientes no solo pone en riesgo sus propias vidas, sino que frena el ritmo de trabajo de los bomberos y la maquinaria pesada.
Calamidad pública en Villa de Leyva: despliegan todas las capacidades del Estado contra el fuego
El último reporte de Gestión del Riesgo trae un ápice de alivio: el incendio está contenido en un 50%. En tierra, más de 250 socorristas y un centenar de voluntarios bregan sin descanso en distintos frentes. A la par, el poderío aéreo se ha hecho sentir. El brigadier general Jhon López, comandante de Catam, confirmó que ya superan los 14.000 galones de agua lanzados directamente sobre el fuego, respaldados por carrotanques nodrizas que garantizan el combustible para las máquinas en zonas de difícil acceso.
Gracias a este cerco operativo coordinado entre bomberos, Ponalsar y la Fuerza Aérea, se logró blindar infraestructura clave y evitar que las lenguas de fuego alcanzaran la codiciada reserva forestal.
Detrás del desastre queda la sombra de la mano criminal. Por esta razón, la Gobernación de Boyacá puso sobre la mesa una recompensa de 45 millones de pesos a quien entregue pistas firmes para dar con los responsables de prender la chispa que hoy tiene a este tesoro patrimonial envuelto en humo.
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