La Corte Constitucional declaró inconstitucional la facultad de los gobernadores para imponer salvaguardas que restringían el comercio de licores de otras regiones en sus territorios.
El alto tribunal determinó que las disposiciones demandadas afectaban directamente la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores. Asimismo, la Sala concluyó que la medida no cumplía con el requisito de idoneidad y limitaba de manera absoluta la posibilidad de que los ciudadanos escogieran entre diferentes marcas y productores de aguardiente.
¿Qué pasará con el comercio de licores en otras regiones?
Con esta determinación, se eliminan las restricciones impuestas por los departamentos sobre la distribución de licores, una práctica que en su momento impidió la venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares en Cundinamarca y otras regiones del país.
La Industria Licorera de Caldas destacó que, si bien el monopolio sobre la producción y distribución de licores sigue vigente por mandato constitucional, este fallo marca un precedente clave en la comercialización de aguardiente, permitiendo mayor competencia y opciones para los consumidores.
Esta decisión podría transformar el panorama del sector licorero en Colombia, promoviendo la diversificación del mercado y garantizando que los consumidores tengan acceso a una mayor variedad de productos sin restricciones impuestas por los gobiernos departamentales.
El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, encabeza una demanda ante la Corte Constitucional contra el otorgamiento de permisos para la introducción de aguardientes de diferentes regiones de Colombia.
Esta acción legal involucra a varios demandantes, entre ellos el abogado Jorge Enrique Sánchez, quien en una reciente entrevista con Caracol Radio explicó que la demanda se basa en la premisa de que el proceso va en contra de la Constitución Política del país.
Robledo, quien ha asesorado a la industria de licores caldense en conflictos previos, como el litigio con la Fábrica de Licores de Antioquia por la similitud en los aguardientes amarillos de ambas empresas, considera que el actual mecanismo que permite que los departamentos otorguen permisos para la venta y distribución de licores es un acto que vulnera principios fundamentales.
“El otorgamiento de permisos para la introducción de aguardientes a sus departamentos es contrario a la Constitución Política», señaló Sánchez, quien también argumentó que esta práctica afecta la libre competencia económica y contradice el principio de un Estado unitario.
La decisión pone fin a una práctica que limitaba el consumo de aguardiente a las marcas autorizadas por los gobernadores de cada departamento. Con esta medida, productos como el Aguardiente Cristal, de la Industria Licorera de Caldas (ILC), y el Aguardiente Amarillo de Manzanares podrán ser comercializados sin trabas en todo el territorio nacional, permitiendo su ingreso a departamentos donde antes tenían restricciones, como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Cauca, Nariño, Huila, Chocó, Caquetá y Putumayo.
El impacto de esta decisión se reflejará en un aumento de las rentas departamentales, ya que los impuestos derivados de la venta de aguardiente beneficiarán a la salud y educación en cada región. Además, la ILC considera que este fallo impulsará la innovación en la industria licorera, promoviendo mejoras en la calidad y competitividad de los productos en los mercados nacionales e internacionales.
Este cambio representa un avance en la modernización del sector, permitiendo que los consumidores tengan una mayor variedad de opciones y que las empresas compitan en igualdad de condiciones, incentivando la mejora de los procesos de producción y comercialización del aguardiente en Colombia.
El litigio se centra en el sistema de «fronteras departamentales» que regula la circulación de bebidas alcohólicas entre diferentes regiones del país, algo que los demandantes consideran como un obstáculo para la competencia justa y libre.
Según los abogados, este mecanismo fomenta un entorno de barreras internas que no solo afecta el comercio, sino que también pone en entredicho los principios constitucionales que rigen la unidad del Estado.
Con el respaldo de expertos legales y la representación de destacados actores de la industria, la demanda busca que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este asunto clave para el comercio y la economía del país, abriendo una posible revisión de las políticas que afectan a la industria licorera en Colombia.
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