Chiquita Brands, una de las compañías del sector bananero con mayor participación a nivel internacional, se ha visto involucrada en procesos judiciales en Colombia por presuntos vínculos con la financiación indirecta de grupos armados. Las acusaciones se centran en pagos no voluntarios realizados en regiones como Urabá, durante un periodo marcado por el conflicto armado. A lo largo del proceso, la empresa ha defendido su actuación argumentando que estos pagos respondieron a situaciones de amenazas directas y que en ningún caso se trató de una colaboración voluntaria con dichos grupos.
En 2007, en el marco de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Chiquita Brands acordó el pago de una multa de 25 millones de dólares. Este acuerdo se originó tras la admisión de haber realizado pagos por aproximadamente 1,4 millones de dólares, atribuidos a extorsiones por parte de grupos armados en Colombia. La entidad ha sido clara en señalar que esta resolución fue parte de un proceso administrativo, no de una condena penal, y que su objetivo fue cerrar un capítulo complejo en su historial operativo en una región de alto riesgo.
Desde entonces, Chiquita Brands ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en todas las jurisdicciones donde ha sido requerida. A pesar de ello, los procesos en Colombia han continuado, y más recientemente se han incorporado nuevas pruebas documentales que han abierto el debate sobre la calidad y la imparcialidad de algunos de los testimonios clave utilizados en su contra.
Cuestionamientos a los testimonios y los detalles del proceso judicial de Chiquita Brands
Uno de los elementos más reveladores para el caso es el hallazgo de múltiples correos electrónicos, propuestas contractuales y comunicaciones entre abogados que muestran la existencia de acuerdos económicos con antiguos líderes paramilitares que luego servirían como testigos en los casos contra Chiquita y otras multinacionales en Colombia.
Entre estos documentos, figura una propuesta que ofrecía un porcentaje de hasta el 33 % de las ganancias de demandas judiciales a un abogado vinculado con exjefes de estructuras armadas. Además, se encontraron referencias a pagos por “apoyo investigativo” que podrían ascender a tarifas de 500 dólares por hora, además de montos destinados a gastos legales, manutención de familiares y seguridad personal de quienes prestaban testimonio.
Estos hallazgos representan indicios de que algunos testimonios habrían sido obtenidos bajo condiciones que afectan su validez y fiabilidad. Los registros señalan contactos reiterados con personas privadas de la libertad, incluyendo comunicaciones donde se habla de exigencias económicas a cambio de declaraciones. Aunque no se ha demostrado de manera concluyente que todos estos pagos se hayan materializado, la existencia de tales acuerdos ha sido presentada como evidencia de una posible estrategia orientada a influir en el curso del proceso judicial.