La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) manifestó su firme rechazo al reciente Decreto 0572 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, que incrementa al 4,5% la tarifa de autorretención en la fuente para el sector de extracción de carbón.
Esta medida empezará a regir a partir del 1 de junio y ha encendido las alarmas entre los empresarios del sector por sus posibles repercusiones económicas.
El gremio considera que el decreto establece una carga tributaria excesiva y mal fundamentada, ya que parte del supuesto de que las empresas carboneras están generando mayores utilidades, cuando la realidad del mercado es opuesta: altos costos de operación y una caída significativa de los precios del carbón están golpeando a las compañías del sector.
Fenalcarbón rechaza decreto del Gobierno que incrementa autorretención para el sector del carbón
“El aumento en la autorretención constituye una medida que desconoce completamente la realidad financiera de las empresas. No responde a estudios técnicos serios y obliga a las compañías a entregar anticipadamente un flujo de recursos al Estado, sin garantía de devolución pronta y sin reconocimiento de intereses por el uso de ese dinero”, aseguró Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
Una medida que compromete el flujo de caja: Fenalcarbón advirtió que este incremento en la autorretención implica que las empresas tendrán que anticipar pagos al Estado con recursos que necesitan para sostener su operación diaria, cubrir nómina, invertir en seguridad industrial y mantenimiento, e incluso cumplir compromisos ambientales.
El dinero que deberá anticiparse no corresponde a utilidades reales, sino a una estimación fiscal, lo que agrava el problema para un sector que ya opera bajo condiciones económicas desfavorables.
Carlos Cante enfatizó que las devoluciones de estos recursos, en caso de que las rentabilidades proyectadas no se materialicen, son procesos lentos, complejos y sin incentivos. “El Estado no reconoce intereses ni compensa por los recursos que las empresas entregan y que quedan congelados durante meses”, explicó el dirigente gremial.
Caída en precios y aumento de costos: Uno de los principales argumentos del sector para rechazar el decreto es el deterioro sostenido de las condiciones económicas del mercado del carbón.
Según datos recopilados por Fenalcarbón, los costos operativos de las empresas carboneras han aumentado más de un 50% en los últimos dos años, mientras que los precios de comercialización del carbón han caído más de un 46%, lo que ha reducido drásticamente los márgenes de rentabilidad.
En este contexto, imponer una tarifa de autorretención del 4,5% resulta desproporcionada, más aún cuando se compara con la tasa promedio del 1,7% que pagan la mayoría de las actividades económicas.
“Se trata de un trato inequitativo y desbalanceado que penaliza a un sector que, además de las cargas impositivas generales, soporta impuestos adicionales sobre las exportaciones y la venta de carbón”, añadió Fenalcarbón en su pronunciamiento.
Efecto en la sostenibilidad del sector: La medida no solo tendría impacto en las finanzas de las empresas, sino también en la sostenibilidad de las operaciones formales de extracción y comercialización del carbón en el país.
La Federación advirtió que muchas compañías, especialmente medianas y pequeñas, podrían ver comprometida su viabilidad debido a la reducción de capital de trabajo disponible.
“Este tipo de decisiones sin sustento técnico ni diálogo con el sector productivo puede generar un efecto contrario al esperado: la reducción de la formalidad, el cierre de empresas y una menor base tributaria a futuro”, sostuvo el presidente de Fenalcarbón.
Llamado al diálogo y a la revisión del decreto: Ante la gravedad del escenario que plantea el Decreto 0572, Fenalcarbón hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para abrir espacios de diálogo con los sectores afectados, con el fin de revisar la viabilidad y pertinencia de esta medida.
“El país necesita una política fiscal sensata, que no ahogue a las industrias formales, sino que fomente su sostenibilidad y competitividad. Es momento de revisar decisiones como esta y construir soluciones concertadas que respondan a las realidades del mercado y no a supuestos teóricos de rentabilidad”, concluyó Cante.
Por qué es importante: Este decreto llega en un momento particularmente difícil para la industria minera en Colombia.
La presión tributaria creciente, sumada a los desafíos del mercado global, puede traducirse en una menor inversión, pérdida de empleos directos e indirectos y reducción de la competitividad del sector.
La minería de carbón, pese a los cuestionamientos ambientales que enfrenta, sigue siendo una de las principales fuentes de divisas para el país y un motor de desarrollo regional. Por ello, las decisiones que afectan su estabilidad financiera deben tomarse con criterios técnicos y económicos sólidos.
Contexto: Colombia ha venido reformando su política fiscal y tributaria en los últimos años, buscando mejorar el recaudo y disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, sectores como el minero-energético han manifestado reiteradamente que las reformas recientes tienden a sobrecargar a las empresas formales, dificultando su competitividad frente a economías globales con condiciones fiscales más favorables.
Panorama general: La tensión entre la necesidad de aumentar el recaudo estatal y la sostenibilidad del aparato productivo formal es un tema recurrente en el debate económico colombiano.
Este nuevo decreto se suma a una serie de decisiones que han afectado a sectores estratégicos como el petróleo, el gas y ahora el carbón, generando preocupación sobre el impacto de la política fiscal en el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el país.
Fenalcarbón insiste en que una política fiscal efectiva debe ser sensible a las condiciones del mercado, promover la formalidad y la inversión, y construirse en diálogo con los sectores productivos para evitar consecuencias irreversibles en la economía nacional.
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