La jornada del Simulacro Nacional de Respuesta y Emergencias 2025, convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), el cual se desarrolla este 22 de octubre en los 32 departamentos del país. Aunque para muchos ciudadanos parece una actividad rutinaria, la participación en el ejercicio es una obligación legal para conjuntos residenciales, empresas privadas, universidades, entidades públicas, entre otras. No hacerlo podría acarrear sanciones administrativas y económicas.
Empresas y conjuntos residenciales que no participen en el Simulacro Nacional 2025 podrían recibir multas
De acuerdo con la normativa vigente, las copropiedades y empresas están obligadas a implementar planes de emergencia, actualizar sus protocolos de evacuación y realizar simulacros periódicos. Esta responsabilidad no depende de la voluntad de los administradores ni de los residentes, sino que hace parte de las exigencias legales establecidas por la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 2017, que reglamentan la gestión del riesgo y desastres del país.
En el caso de los conjuntos residenciales, la ley exige la creación de un comité de gestión del riesgo, encargado de coordinar la elaboración del plan de emergencias, organizar simulacros y liderar las capacitaciones a los habitantes. Este comité también debe documentar cada ejercicio con reportes escritos y evidencia fotográfica, la cual puede ser requerida por las autoridades locales o distritales para verificar el cumplimiento.
Multas y medidas correctivas
La UNGRD y las autoridades municipales tienen la potestad de imponer multas o exigir medidas correctivas a las copropiedades o empresas que omitan el simulacro. Estas sanciones pueden incluir la obligación de ejecutar el ejercicio en el ejercicio en un plazo determinado o la imposición de multas económicas que, en casos graves, alcanzan hasta 500 salarios mínimos legales vigentes.
En el ámbito empresarial, el incumpliendo también puede generar sanciones bajo la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las empresas que no cuenten con un plan de emergencia actualizado o que no ejecuten los simulacros requeridos podrían enfrentar multas de cientos de millones de pesos, dependiendo del tamaño de la compañía y la gravedad de la infracción.
Además, si ocurre una emergencia real y se demuestra que la entidad no tenía protocolos de actuación o no había realizado simulacros, los responsables podrían enfrentar procesos legales adicionales por omisión de medidas preventivas.
El propósito del Simulacro Nacional
El Simulacro Nacional no busca sancionar, sino fortalecer la cultura de la prevención. La UNGRD enfatiza que, el objetivo principal es preparar a la ciudadanía ante emergencias como sismos, incendios, inundaciones o deslizamientos. Estos ejercicios permiten identificar fallas en los planes de evacuación y mejorar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la comunidad.
De acuerdo con la entidad, el Simulacro Nacional se desarrolla en todo el país, y cada territorio definirá los escenarios de riesgo más probables según su contexto. En algunos lugares se enfocarán en sismos, mientras que en otros se recrearán situaciones de incendio, derrumbe o emergencias por lluvia.
La duración estimada del Simulacro Nacional es de 30 y 60 minutos, aunque en conjuntos residenciales suele ser de menos de 40 minutos, incluyendo la evacuación y el retorno a la viviendas.
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