Al país se le está pidiendo más. Más IVA en productos que hoy pagan menos, una renta que empezaría a alcanzar antes a la clase media y nuevos aportes sobre la nómina. Si el déficit lo exige, el Gobierno tiene derecho a plantearlo. Lo que no puede es pedir el esfuerzo de los ciudadanos sin haber mostrado primero el suyo. De ahí sale la regla que propone 360 Radio para esta discusión: todos ponen, y el Estado empieza.
Lo que el Gobierno ya hizo y lo que todavía no alcanza
Conviene empezar por lo justo, y es que el Ejecutivo no llegó con las manos vacías. El borrador de 36 páginas que se conoció el 30 de octubre plantea eliminar, suprimir o fusionar 105 de las 209 entidades del Estado y proyecta un ahorro de al menos 8,6 billones de pesos. A eso se suman un recorte de 50 % en los contratos de prestación de servicios para 2027 y otro de 20 % en los costos de personal para 2028, con la Fuerza Pública por fuera, todo sostenido en facultades extraordinarias por seis meses que traería el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal.
Sin embargo, el mismo borrador deja una duda que no es menor. Mantiene los 18 ministerios, fusiona apenas Cultura con Deporte y Educación con Ciencia, y además crea dos carteras nuevas, una de la Presidencia y otra de Desarrollo Social. En septiembre, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había hablado de bajar a 13, una cifra que el texto de octubre ya no recoge. Es lo que ocurre cuando se mueven las oficinas de sitio: el Estado no se achica, solo cambia de letrero.
Doce ministerios en lugar de dieciocho
Por eso proponemos ir más lejos, con cinco fusiones concretas. Vivienda y Transporte se unirían en un Ministerio de Infraestructura, a cargo también del agua y el saneamiento. Educación, Ciencia y TIC formarían un solo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Cultura y Deporte irían de la mano, Interior y Justicia volverían a ser una cartera única, como ya lo fueron entre 2002 y 2011, y Comercio, Industria y Turismo se juntarían con Trabajo en un Ministerio de Desarrollo Económico y Trabajo.
El resultado sería la desaparición de seis estructuras independientes. Las funciones necesarias seguirían en pie, pero se reducirían despachos, secretarías generales, oficinas asesoras y gastos duplicados. Ahí está el ahorro real, mucho más que en el nombre que lleve la placa. Y no sería la primera vez que se intenta: en 2003, el gobierno de Álvaro Uribe usó este mismo camino de facultades extraordinarias para reestructurar 465 entidades.
El Congreso y los organismos de control también
Un ajuste de esta magnitud pierde fuerza moral si quienes lo votan se quedan al margen. Por eso planteamos reducir el Congreso a 60 senadores y 120 representantes, con menos asesores, contratos y gastos asociados. El senador Carlos Meisel, promotor de un referendo por las regiones, habla de 267 congresistas como punto de partida, lo que significaría un recorte cercano a un tercio. Es una reforma constitucional y debe diseñarse con cuidado para que las regiones y las minorías no pierdan su voz, pero aplazarla indefinidamente tampoco es una opción. Los promotores ya recibieron los formularios de la Registraduría y necesitan cerca de dos millones de firmas, con una votación propuesta para el 31 de octubre de 2027.
Lo mismo ocurre con el control fiscal. Hoy existen entre 66 y 67 contralorías territoriales, según la fuente que se consulte, cada una con su propia burocracia, y con el riesgo evidente de que la vigilancia quede demasiado cerca de quienes debe vigilar. Proponemos reemplazarlas por una Contraloría General independiente, técnica y presente en las regiones. El senador Hernán Cadavid ya radicó un acto legislativo en ese sentido, aunque su iniciativa anterior terminó archivada en diciembre de 2025 por vencimiento de términos, un dato que ilustra bien cuánta prisa tiene el Congreso por reformarse a sí mismo.
La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría tampoco pueden quedar al margen. Deben recortar cargos directivos, asesorías y estructuras administrativas, cuidando siempre las funciones esenciales que la ciudadanía necesita de ellas. Vigilar al Estado no puede servir de excusa para engordarlo.
Que lo recortado no vuelva por la puerta de atrás
Cualquiera que conozca la administración pública sabe cómo suele terminar el cuento. Se elimina un cargo de planta y, pocos meses después, la misma función reaparece bajo un contrato de prestación de servicios. El Gobierno ha prometido cortar a la mitad esos contratos en 2027, y ese compromiso debería extenderse de forma expresa a los cargos suprimidos, para que ninguno regrese con otro nombre. Lo mismo vale para las entidades y los fondos redundantes, que sobreviven más por costumbre que por utilidad.
Por último, todo debe tener plazos, metas y un ahorro neto que se pueda verificar. Hasta ahora no hemos encontrado cifras oficiales sobre cuánto cuesta el Congreso actual ni cuánto se ahorraría al eliminar las contralorías territoriales, y es una laguna que el Gobierno y el Congreso deben llenar antes de abrir el debate. Pedimos una línea base del costo de cada entidad, un cronograma público y una verificación independiente de lo que efectivamente se ahorre, porque fusionar entidades sin reducir sus costos es simplemente cambiarles el letrero.
Un país acepta pagar más cuando ve que quien cobra también se aprieta el cinturón. La credibilidad de un ajuste se mide en el primer recorte que hace el que lo pide.
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