Tras varias semanas de debate interno y en medio de cuestionamientos jurídicos, la junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó el traslado de $497.000 millones al Ministerio de Hacienda, recursos que deberán salir de la entidad antes del 26 de diciembre y que serán distribuidos entre las empresas del Grupo Bicentenario, el principal conglomerado público del país.
Panorama general: La decisión no estuvo exenta de tensiones. Al interior del propio Gobierno y del FNA surgieron advertencias sobre posibles riesgos legales, especialmente por el origen de los recursos, que corresponden a reservas de utilidades generadas a partir de los ahorros de millones de colombianos afiliados al Fondo. Durante varias sesiones, la votación se estancó por la oposición de los sindicatos y las dudas de algunos miembros de la junta, hasta que finalmente se impuso la directriz presidencial.
El tema cobró mayor relevancia luego de que se conociera que la Contraloría General de la República envió un requerimiento formal al FNA solicitando información para revisar los estatutos de la entidad y las condiciones del traslado. En un reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro defendió la operación al asegurar que se trata de utilidades y no de recursos provenientes directamente de los ahorros individuales.
Sin embargo, expertos han señalado que el giro requería una modificación previa de los estatutos para evitar eventuales responsabilidades penales o fiscales. El artículo 63 establece que la distribución de utilidades debe ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas y sustentarse en estados financieros auditados.
Más adelante, el mismo texto aclara que, dada la naturaleza del FNA como entidad de seguridad social, las utilidades a distribuir no pueden incluir las derivadas de la administración de cesantías, sino únicamente las provenientes de otras actividades de su objeto social.
FNA aprueba traslado de $497.000 millones a Hacienda en medio de cuestionamientos legales
Por qué es importante: Precisamente, el requerimiento de la Contraloría indaga por qué los estatutos no fueron modificados, como ocurrió en el pasado durante la gestión del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, cuando movimientos similares se realizaron dentro del marco de una ley de presupuesto aprobada por el Congreso. En el caso actual, ni la ley ni los estatutos han sido ajustados.
Aunque el Gobierno terminó alineado con la decisión, persisten las alertas sobre el destino final de los recursos. No existe claridad sobre en qué se invertirán ni con qué fines. “Es delicado porque el Gobierno está en campaña y no se sabe en qué se van a usar esos recursos”, advirtió una fuente cercana al proceso.
Además, el traslado aprobado podría ser solo el primero. Para 2025 se contemplan nuevos giros que elevarían el monto total hasta $800.000 millones, en un contexto de fuerte debate fiscal por la búsqueda de $16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria y por la reciente venta de TES por $23 billones, cuestionada por su falta de transparencia.
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