En cualquier esquina del país, desde un café en Bogotá hasta una tienda en cualquier pueblo del Caribe o de la cordillera, la conversación termina siempre en el mismo lugar, EL FUTURO DE COLOMBIA. No es una inquietud menor. Este domingo 8 de marzo el país no acude a las urnas para cumplir un trámite democrático más; acude a decidir si todavía tendrá un Congreso capaz de mirar de frente al poder o si terminará entregando el control de la República a un coro dócil de parlamentarios dispuestos a aplaudir cualquier orden que baje desde la Casa de Nariño.
El Senado y la Cámara no son un simple decorado para la fotografía oficial ni un escenario donde se reparten discursos previsibles. Son, en la arquitectura de cualquier democracia seria, el último muro que impide que el poder se vuelva absoluto. Un Congreso con mayoría de centroderecha no resolverá por sí solo los problemas del país —ninguna institución tiene ese poder milagroso—, pero al menos garantiza algo esencial: que alguien tenga el coraje de decir «no» cuando el Ejecutivo intente cruzar los límites. Sin ese contrapeso institucional, incluso el resultado presidencial de mayo perdería parte de su sentido. El camino al desastre ya estaría pavimentado.
Y que nadie se engañe con eufemismos. Las listas del Pacto Histórico no representan una alternativa más dentro del pluralismo democrático. Son la prolongación de un proyecto político que ha hecho de la confrontación su lenguaje cotidiano y que, cada vez que encuentra un límite institucional, responde desacreditando a quien se atreve a imponerlo. Ese bloque significa más polarización, más incertidumbre para quienes producen y generan empleo, más presión sobre los organismos de control y más discursos de «transformación histórica» que, cuando se miran en la vida real de los colombianos, se parecen demasiado a promesas repetidas. Apoyarlas no es progresismo ni nada parecido, es simplemente, apostar por la continuidad de un experimento político que ha hablado mucho de cambio y todavía explica muy poco hacia dónde conduce al país.
La izquierda ya tuvo sus cuatro años. Han sido años marcados por el deterioro de la seguridad en amplias regiones del país, por una economía que avanza con dificultad y por un clima político cada vez más crispado. Mientras el discurso oficial habla de transformaciones históricas, en muchas zonas crecen las extorsiones, se fortalecen los grupos armados ilegales y comunidades enteras siguen esperando mejoras que nunca terminan de llegar. Y ahora, como si el presente no fuera suficiente advertencia, el proyecto busca prolongarse asegurando el control del Congreso y preparando el camino para la candidatura de Iván Cepeda, heredero político disciplinado de ese mismo modelo.
Ojalá ese señor sea derrotado de manera contundente. Por goleada. Ojalá pierda. Porque si no, Colombia podría dar un salto peligroso hacia el tipo de modelo que tanto admira el actual gobierno: el que convirtió a Venezuela en un cementerio económico y a Nicaragua en una prisión política. Estatismo asfixiante, empresa privada estrangulada, ciudadanos dependientes del poder mientras una nueva élite política administra el botín del Estado con retórica redentora. Eso no es progreso en ninguna circunstancia.
El mismo día, en un único tarjetón, aparecerán tres consultas presidenciales. La tibia de centroizquierda, la radical de izquierda dura y la de centroderecha, conocida como «La Gran Consulta por Colombia». Con todas sus limitaciones, esta última es la única que parece anclada en la realidad y no en fantasías ideológicas. El ciudadano que no quiera respaldar ninguna de las tres opciones debe exigir el tarjetón completo y anularlo explícitamente. Una cruz grande, un tachón deliberado. No es paranoia. Es la experiencia acumulada de décadas de escrutinios en los que siempre aparecen jurados «creativos» dispuestos a completar votos ajenos.
Y en medio de todo esto aparece el espectáculo más inquietante. El del propio presidente Gustavo Petro interviniendo abiertamente en la campaña. Este hombre —porque ya ni siquiera se esfuerza por disimular— lleva meses atacando al Consejo Nacional Electoral, cuestionando el preconteo y sembrando sospechas de fraude antes de que se cuente un solo voto. Todo ello viola con claridad el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades de partidos o controversias políticas. El presidente también es servidor público. La norma no admite excepciones ni interpretaciones creativas.
¿Por qué lo hace? Porque sabe que su proyecto se debilita frente a la realidad. Y entonces recurre al recurso más viejo del manual populista que es el MIEDO. Intenta sembrar rabia, ansiedad y desconfianza para que los ciudadanos voten con el estómago y no con la razón. Si gana, dirá que fue la voluntad del pueblo; si pierde, gritará fraude. Ese libreto ya lo conocemos en América Latina. Y nunca termina bien.
Cuatro años han sido suficientes para desnudar la esencia del petrismo, esto es, inseguridad creciente, una economía que lucha por recuperar confianza, instituciones sometidas a presión política constante y un país cada vez más polarizado. Mientras tanto, el presidente parece sentirse más cómodo en las redes sociales que en la tarea elemental —y a veces ingrata— de gobernar.
Este 8 de marzo no es una elección más. Es un momento de definición para la República. Tal vez el último dique antes del precipicio. La oportunidad de reconstruir el contrapeso institucional que impida que el poder se concentre sin control y que el país siga deslizándose por una pendiente peligrosa.
La historia no suele ser indulgente con las sociedades que renuncian a defender sus instituciones. Este domingo la palabra la tiene la ciudadanía. Que sea una palabra firme, libre y sin miedo. Porque el miedo, cuando se convierte en herramienta de gobierno, casi siempre es el síntoma más claro de que el poder ha empezado a perder la razón.
Por: Aldumar Forero Orjuela- @AldumarForeroO
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