En un fallo sin precedentes que sacude el panorama político nacional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ha ordenado al presidente Gustavo Petro abstenerse de emitir juicios o señalamientos sobre presuntos fraudes electorales sin contar con evidencia sólida. La decisión judicial surge tras una serie de publicaciones en redes sociales donde el jefe de Estado ponía en duda la transparencia de los comicios pasados y de los que se avecinan en mayo de este año.
El tribunal fue enfático al señalar que las declaraciones de un mandatario tienen un peso institucional que no puede basarse en meras especulaciones. Por ello, le concedió un término improrrogable de 72 horas para que se retracte de las acusaciones vertidas en su cuenta de X (antes Twitter), las cuales afectaban la credibilidad de las elecciones de 2014, 2022 y el actual proceso de 2026.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado en contra de Gustavo Petro
La corporación judicial analizó los argumentos presentados por la defensa y los contrastó con la realidad técnica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con el fallo, las afirmaciones del presidente incurrieron en imprecisiones técnicas que el tribunal ha calificado como carentes de sustento probatorio.
Petro había sugerido que agencias de Estados Unidos tenían acceso indebido a los sistemas de escrutinio. El Tribunal aclaró que la presencia de logos internacionales en los portales oficiales obedece a campañas de transparencia y lucha contra la corrupción, no a la manipulación de votos.Se desvirtuó la teoría sobre el uso de materiales de escritura que permitirían alterar los tarjetones, calificándola como una narrativa sin base científica ni logística.La justicia determinó que las variaciones reportadas por el presidente en los flujos de datos durante las jornadas electorales entran dentro de los márgenes normales de procesamiento y no constituyen evidencia de manipulación.
Para el Tribunal de Cundinamarca, el comportamiento del presidente genera una «desconfianza sistémica» que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones. El fallo subraya que, si bien existe el derecho a la libre expresión, este tiene límites claros cuando se ejerce desde la máxima dignidad del Estado, especialmente si las afirmaciones pueden incitar al malestar social o deslegitimar los resultados de las urnas.
Tras conocerse la notificación, el presidente Petro reaccionó a través de sus canales oficiales manifestando su inconformidad. El mandatario aseguró que su intención siempre ha sido «proteger la voluntad popular» y que presentará los recursos legales correspondientes. Sin embargo, el plazo otorgado por el tribunal sigue corriendo, y se espera que el próximo lunes se haga efectiva la rectificación ordenada.Este fallo llega en un momento de alta tensión, a pocas semanas de que los colombianos acudan nuevamente a las urnas, y pone en el centro del debate la responsabilidad de los líderes políticos frente a la desinformación en la era digital.
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