La brecha entre el discurso oficial de seguridad y la realidad en los comandos de la Policía Metropolitana de Bogotá parece haberse convertido en un abismo. Mientras la administración distrital defiende su gestión basándose en indicadores y presupuestos billonarios, el concejal Leandro Castellanos ha destapado una «olla a presión» dentro de la institución: policías trabajando en condiciones precarias, un parque automotor desmantelado y presuntas presiones económicas a los uniformados para sostener la operatividad de los vehículos oficiales.
Panorama general: El foco de la crisis se sitúa en el Grupo de Infancia y Adolescencia, una unidad crítica para la protección de los menores en la capital. Según denuncias anónimas de funcionarios activos recolectadas por el cabildante, de los 11 vehículos asignados a esta dependencia, solo dos están en funcionamiento. El resto permanece en los patios, convertidos en chatarra con vidrios rotos, neumáticos pinchados y fallas mecánicas severas.
La logística actual raya en lo absurdo: para cubrir las necesidades de 20 localidades en una metrópoli de casi 8 millones de habitantes, la unidad de Infancia y Adolescencia cuenta apenas con tres patrullas operativas.
“Es increíble que mientras Bogotá tiene uno de los presupuestos de seguridad más altos del país, haya policías trabajando con vehículos dañados y arrumados”, denunció Castellanos, subrayando que esta situación no es exclusiva de una unidad, sino que se replica en diversas dependencias de la MEBOG donde motos y vehículos oficiales languidecen sin mantenimiento.
Sin embargo, el punto más alarmante de la denuncia apunta a presuntas irregularidades administrativas. Según los testimonios, varios uniformados habrían sido presionados para realizar aportes económicos de su propio bolsillo, cifras que alcanzarían los dos millones de pesos, para costear reparaciones básicas de las patrullas. Aquellos que se habrían negado a participar en estas «colectas» informales estarían enfrentando amenazas de represalias laborales.
Leandro Castellanos destapa precariedad en unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía
Para Castellanos, la narrativa del Distrito no coincide con la percepción ciudadana ni con las estadísticas de criminalidad del actual cuatrienio. A pesar de los informes de reducción en ciertos delitos, el panorama general muestra incrementos que el concejal califica como «preocupantes»:
Secuestro: +89%
Extorsión: +66%
Delitos sexuales: +38%
Violencia intrafamiliar: +32%
Homicidios: +14%
Este deterioro de la seguridad golpea con especial sevicia a la niñez. En lo que va de 2024, se han registrado 43 homicidios de menores de edad en Bogotá, en un contexto donde las bandas criminales intensifican la instrumentalización de niños para el tráfico de drogas.
Por qué es importante: El cuestionamiento del cabildante también apunta a la ejecución financiera. El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” proyecta una inversión de 7,5 billones de pesos para el cuatrienio. Las cifras anuales de la Secretaría de Seguridad muestran un crecimiento exponencial: de 700 mil millones en 2022 a un presupuesto proyectado superior al billón de pesos para 2025.
“Los bogotanos tienen derecho a saber dónde están los recursos. Porque mientras el presupuesto crece, los policías denuncian abandono”, sentenció el concejal.
Ante la gravedad de los hechos, Castellanos solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Personería. La petición exige no solo la verificación de las denuncias y la transparencia en el gasto, sino también un esquema de protección para los policías que se atrevieron a romper el silencio.