En los pasillos del sector de Unilago, en el norte de Bogotá, el anonimato y la tecnología sirven de mampara para un negocio tan silencioso como peligroso: la venta de bases de datos personales. Lo que para cualquier ciudadano es su derecho a la privacidad, para las redes criminales es un insumo con precio de mercado.
Esta realidad quedó al descubierto tras una investigación presentada por el concejal de la Alianza Verde, Julián Espinosa, quien mediante grabaciones con cámara oculta evidenció la facilidad con la que se transa la vida privada de los bogotanos.
Panorama general: Durante un debate de control político a la Secretaría de Seguridad, Espinosa reveló cómo se ofrecen listados exhaustivos de grupos poblacionales vulnerables, con especial énfasis en adultos mayores y pensionados.
“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”, advirtió el cabildante, subrayando que esta vulneración de la intimidad ciudadana es el combustible de las estructuras delictivas modernas.
La denuncia no es una conjetura aislada, sino que está respaldada por una radiografía estadística preocupante que vincula el tráfico de información con la realidad de las calles. En lo que va de 2026, Bogotá ha registrado 441 casos de extorsión, un dato que cobra relevancia al analizar los canales de contacto. De estos casos, el 49% se realizó mediante llamadas telefónicas y el 22% a través de redes sociales, lo que demuestra que los victimarios poseen información precisa para amedrentar a sus objetivos.
Bases de datos alimenta el 71% de amenazas en Bogotá
En conjunto, estas dos modalidades concentran el 71% de la actividad extorsiva en la ciudad, evidenciando que el crimen organizado ya no actúa a ciegas, sino que utiliza bases de datos para personalizar sus amenazas. Para el concejal Espinosa, la conclusión es lógica y alarmante: si el delincuente sabe exactamente a quién llamar y conoce detalles de su entorno familiar o financiero, es porque el mercado ilegal de información le está facilitando el camino, cerrando el cerco sobre las víctimas.
Más allá de la filtración de datos, el debate puso bajo la lupa la efectividad del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, cuyas metas clave se encuentran actualmente en un terreno crítico. Según los datos oficiales presentados, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes cerró en 15,3 en 2024 y alcanzó 14,7 en 2025, cifras que superan por amplio margen los objetivos de reducción de 12 y 12,9 respectivamente, reflejando un deterioro en la protección de la vida.
Por qué es importante: Este panorama se agrava al observar otros indicadores de convivencia y seguridad ciudadana, como las lesiones personales, que se mantienen en la alarmante cifra de 18.607 casos. A esto se suma que el hurto en Transmilenio continúa siendo una asignatura pendiente con más de 10.000 incidentes anuales, mientras que la línea 123 reporta un incremento constante en riñas y maltrato familiar, señales inequívocas de que la percepción de inseguridad tiene un sustento real en las cifras del propio Distrito.
El concejal Espinosa también dirigió duras críticas a la administración de Carlos Fernando Galán por la falta de ejecución en proyectos de infraestructura vitales para enfrentar la delincuencia. Un caso emblemático es el de la Cárcel Distrital II, un proyecto que ya contaba con predio entregado por el Gobierno Nacional desde 2024, pero que hoy carece de avances tangibles tras la terminación de un contrato de estudios y diseños por más de 5.196 millones de pesos.
Finalmente, el cabildante señaló una contradicción entre el discurso oficial y la gestión presupuestal de la Secretaría de Seguridad. Espinosa concluyó que, mientras la administración responsabiliza a la rama judicial por la liberación de criminales debido al hacinamiento, la ciudad desperdicia oportunidades para ampliar su capacidad carcelaria. El debate cierra con un llamado urgente a blindar la información de los ciudadanos y a ejecutar las obras prometidas para que la seguridad en Bogotá deje de ser una meta en papel.