La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por más de $14.511 millones luego de realizar tres auditorías a las empresas encargadas del servicio de energía en Huila, Meta y Nariño. De acuerdo con el ente de control, estos hechos corresponden a pagos de sanciones, incumplimientos contractuales y deficiencias en la administración de recursos. Por lo tanto, la Contraloría califica estos hechos como detrimento patrimonial.
Por lo tanto, la Contraloría General de la República señaló que el pago de multas e intereses moratorios es un gasto improductivo, que evidencia «fallas en la planeación financiera y en los mecanismos de gestión y control del recurso, tal y como lo establece el artículo 209 de la Constitución y la Ley 489 de 1998, que exigen que la administración pública, los particulares y las empresas de servicios públicos domiciliarios que ejerzan funciones administrativas temporales o permanentes, o que manejen o administren recursos públicos, actúen en aplicación de los principios de economía y eficiencia».
ElectroHuila concentra los mayores hallazgos
En el caso de la Electrificadora del Huila, la Contraloría estableció hallazgos fiscales por $7.274 millones relacionados con sanciones pagadas durante 2025. Una de ellas corresponde a $6.089 millones impuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 75276 de 2025 por el cobro irregular del derecho a participar en procesos de invitación pública y por restricciones injustificadas a la participación de consorcios y uniones temporales entre 2019 y 2023.
Asimismo, la entidad encontró irregularidades en un segundo pago realizado por ElectroHuila por $1.160 millones, correspondiente a una sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por fallas en la calidad del servicio durante 2020 y 2021. La Superintendencia calificó esa conducta como una infracción grave, reiterada y de alto impacto social por su relación con la prestación del servicio de energía eléctrica.
«La situación obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las normas para la prestación del servicio público de energía y falencias en la gestión de adelantar las acciones necesarias para lograr la cancelación oportuna de las obligaciones de la entidad», alerta la Contraloría
Hallazgos en la Electrificadora del Meta
La auditoría a la Electrificadora del Meta determinó un hallazgo fiscal por $5.813 millones. Según la Contraloría, estos recursos corresponden a pagos improductivos derivados de sanciones relacionadas con fallas en la puesta en funcionamiento de proyectos de infraestructura eléctrica que afectaron la prestación del servicio en ese departamento.
Entre los hallazgos también existe una sanción por $2.926 millones asociada a deficiencias técnicas y administrativas en los proyectos de infraestructura eléctrica de Santa Helena y Catama. Así como un pago de $2.562 millones por una multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a deficiencias en los mecanismos de seguimiento y en el cumplimiento de las normas para la prestación del servicio.
Irregularidades en Nariño
En Centrales Eléctricas de Nariño, la Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $1.424 millones relacionado con el cobro de consumos mediante métodos no autorizados y con contratos que no fueron ejecutados. Uno de los casos corresponde a una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por cobros realizados a más de 327.000 usuarios durante la pandemia mediante un método no autorizado.
El organismo de control indicó que durante 2025 se efectuó el pago de $566 millones por esa sanción y atribuyó la situación a la falta de control y supervisión en los mecanismos de medición y facturación. También identificó un pago de $350 millones a POWERGEN INOVATIONS S.A.S. por un sistema para identificar perfiles de consumo que, según la auditoría, no fue recibido debido a incumplimientos en el objeto contractual y en su alcance técnico.