Los nombres cambian, las promesas se renuevan y el Caribe colombiano vuelve al mismo punto: un operador eléctrico sin dinero suficiente para cumplir sus obligaciones y millones de personas pendientes de la continuidad del servicio. La alerta de EPM sobre Afinia, divulgada el 23 de octubre, resume una crisis que ha sobrevivido a privatizaciones, intervenciones estatales y relevos empresariales durante casi tres décadas.
Esta vez, la presión también se siente en Medellín. El Grupo EPM asegura haber destinado más de $3,6 billones para respaldar la operación de Afinia, pero advierte que sus alternativas se agotan. La compañía recupera aproximadamente $57 por cada $100 de energía comprada y enfrenta un déficit mensual de caja cercano a $400.000 millones. A las dificultades de recaudo se suman obligaciones de octubre notificadas por XM, administrador del mercado mayorista, por $131.000 millones.
Detrás de esas cifras hay una contradicción: mejorar las redes y reducir los cortes no ha sido suficiente para estabilizar el negocio. Según EPM, los indicadores de duración y frecuencia de las interrupciones han mejorado más del 70 %. Sin embargo, el dinero disponible sigue sin alcanzar para atender los compromisos con la cadena eléctrica.
Una crisis que empezó mucho antes de Afinia
El problema no nació en 2020. En 1998, la reorganización de las electrificadoras regionales dio paso a Electricaribe y Electrocosta, capitalizadas por inversionistas privados. Después llegó el control de Unión Fenosa. La promesa era recuperar empresas debilitadas y modernizar el suministro, pero el deterioro de la infraestructura y las dificultades financieras terminaron imponiéndose.
En noviembre de 2016, el Gobierno intervino Electricaribe; en marzo de 2017 se decidió su liquidación. El diagnóstico recogido por el Ministerio de Minas y Energía en 2020 identificó años de inversión insuficiente, redes deterioradas, mayores pérdidas y problemas de recaudo. El mal servicio alimentaba la desconfianza de los usuarios, mientras la falta de ingresos reducía la capacidad de mejorarlo.
El siguiente intento comenzó el 1 de octubre de 2020, cuando Afinia y Air-e asumieron los mercados en los que se dividió la operación. Cuatro años después, Air-e fue intervenida. Ahora Afinia reclama soluciones extraordinarias. La repetición del problema muestra que cambiar de operador no ha bastado para corregir las condiciones económicas y administrativas del servicio.
La apuesta de EPM y las decisiones políticas
La llegada de EPM respondía a una apuesta empresarial: recuperar el servicio en un mercado estratégico y ampliar su presencia nacional. La compañía estudiaba la operación desde 2019 y proyectaba aumentar su participación en distribución y comercialización del 23 % al 35 %. Durante los gobiernos de Iván Duque y Daniel Quintero, con Álvaro Guillermo Rendón como gerente, el propósito declarado era llevar al Caribe la capacidad técnica y de gestión de EPM.
La apuesta tenía una lógica de crecimiento y de recuperación del servicio. Su ejecución, sin embargo, estuvo atravesada por una crisis de gobierno corporativo. En agosto de 2020, antes de que Afinia iniciara operaciones, ocho miembros de la junta de EPM renunciaron por desacuerdos sobre el manejo de decisiones estratégicas, entre ellas las relacionadas con Hidroituango. La expansión hacia el Caribe comenzó en medio de esa ruptura institucional.
La salida de Rendón, en febrero de 2021, estuvo precedida por diferencias reiteradas con Quintero sobre los límites de la intervención del alcalde en la empresa. Según explicó el exgerente, se negó a ejecutar cambios en el equipo directivo y otras solicitudes que consideraba contrarias a la autonomía de EPM. Esas negativas desgastaron la relación. Rendón sostuvo que el mandatario buscaba un gerente más dispuesto a seguir sus instrucciones.
Uno de los puntos de fricción fue el nombramiento de Blanca Liliana Ruiz Arroyave en Afinia. Rendón afirmó que Quintero prefería otras personas para el cargo y que la designación profundizó sus diferencias. El conflicto tocaba el centro de la nueva operación: quién escogería a sus responsables y cuánto peso tendrían los criterios técnicos frente a las preferencias del poder político.
Meses después de la salida de Rendón, Ruiz también dejó Afinia y fue reemplazada por Javier Lastra, en agosto de 2021. El sindicato Sinpro cuestionó entonces el relevo y advirtió sobre el riesgo de politización. En menos de un año habían salido la junta de EPM, su gerente y la primera gerente de la filial. La operación perdió así continuidad en la dirección cuando apenas empezaba a afrontar los problemas heredados de Electricaribe.
Uno de los instrumentos anunciados desde elUno de los instrumentos anunciados desde el comienzo fue la energía prepago. Rendón la presentó como una alternativa para hogares de bajos ingresos y el balance actual de EPM registra más de 65.000 medidores instalados. El mecanismo sigue formando parte de la operación, pero su despliegue no ha logrado cerrar la brecha financiera. Cobrar antes del consumo puede facilitar el control del gasto; no resuelve por sí solo el deterioro de las redes, las conexiones ilegales o la falta de ingresos de una familia.
Las denuncias que rodean la gerencia
A las dificultades del negocio se sumaron acusaciones sobre el manejo de Afinia. En 2024, Federico Gutiérrez denunció una presunta negociación de su gerencia por US$8 millones para favorecer intereses particulares. Por su parte, Misael Cadavid señaló en un testimonio una supuesta negociación por US$5 millones.
Las versiones apuntan a posibles interferencias en los nombramientos y la contratación. Quintero negó haber presionado la designación de Lastra; el propio Lastra y el exgerente de EPM Jorge Carrillo defendieron la legalidad del proceso. El esclarecimiento de esas denuncias es una tarea judicial pendiente y resulta fundamental para establecer responsabilidades, más allá del enfrentamiento entre administraciones.
También será necesario distinguir el eventual daño causado por irregularidades de los problemas heredados del mercado. La pobreza, el fraude y las fallas regulatorias no justifican malos manejos empresariales; las denuncias de corrupción tampoco explican, por sí solas, toda la crisis eléctrica del Caribe.
Atenea, otro relevo bajo escrutinio
Mientras busca liquidez, EPM reorganiza su presencia en la región. Energía Atenea, conocida como Energua, recibió una parte del mercado de Afinia: 35 municipios de Cesar, Bolívar y Magdalena, con aproximadamente 361.000 clientes. La escisión permite concentrar los esfuerzos de Afinia en Bolívar, Córdoba y Sucre.
El 21 de octubre, EPM anunció un acuerdo para transferir, mediante una filial, su participación en Distrienergía Internacional Panamá, propietaria de Atenea. El comprador es Latam Energy Distribution Group, sociedad domiciliada en Panamá y respaldada por inversionistas centroamericanos. Según el anuncio, la operación continuaría bajo el esquema previo mientras se concretaba el cierre.
La transición ha generado inquietud. Desde agosto de 2025, organizaciones de usuarios del Cesar cuestionaban la falta de información sobre Atenea y las garantías de continuidad. Para esas comunidades, un nuevo nombre empresarial revive la incertidumbre de los cambios anteriores. Para EPM, representa una posibilidad de gestionar por separado un mercado con pérdidas de energía superiores al 40 % y recaudo cercano al 60 %.
Quién paga la cuenta
El desequilibrio tiene varios responsables. Según EPM, las entidades oficiales debían $420.000 millones a septiembre. A esto se agregan las tensiones por subsidios y opción tarifaria, las pérdidas técnicas, el fraude y la dificultad de numerosos hogares para pagar. No se trata solamente de exigir cultura de pago a los ciudadanos: también el Estado debe cumplir sus obligaciones y los operadores responder por su gestión.
En Medellín, la preocupación es cuánto respaldo adicional puede absorber Afinia. Aunque la filial presiona las finanzas, EPM conserva negocios rentables: al primer semestre de 2026, el Grupo reportó $3,2 billones de utilidad neta y la matriz, $2 billones. Esa capacidad no convierte sus recursos en una fuente ilimitada para cubrir desequilibrios ajenos a su control.
La salida requiere pagos públicos oportunos, financiación de subsidios, reducción de pérdidas y metas verificables de inversión y recaudo, junto con una administración independiente de intereses políticos. Después de casi tres décadas, el Caribe necesita algo más que otro cambio de operador. Y Medellín necesita saber hasta dónde llega su compromiso, quién responde por las decisiones y cuándo dejará decrecer la cuenta.
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