La continuidad del director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) Daniel García Cañón quedó en el centro de una controversia política alrededor de la Asociación Público-Privada (APP) del estadio El Campín. El concejal Juan David Quintero pidió que el director y su equipo se aparten de las actuaciones relacionadas con el proyecto, mientras el funcionario defiende la legalidad de las decisiones adoptadas y cuestiona las acusaciones en su contra.
La discusión trasciende el estado de la gramilla y los presuntos incumplimientos atribuidos a Sencia, concesionaria del escenario. Ahora también involucra la supervisión institucional, las condiciones económicas del negocio y la posibilidad de que existan incompatibilidades entre antiguos funcionarios y empresas relacionadas con la iniciativa.
Quintero solicitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, crear una comisión especial para que las decisiones sobre la APP se adopten con independencia. Sin embargo, su petición no constituye una orden de suspensión ni significa que García Cañón haya sido separado del cargo.
Las diferencias por la administración de El Campín
El pago de $26.101 millones por costos de estructuración se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo. El concejal cuestiona las condiciones contractuales bajo las cuales se reconocieron esos recursos y sostiene que las diferencias entre los documentos del proceso deben ser examinadas para establecer si se ajustaron a la normativa de las asociaciones público-privadas.
La explicación del director es distinta: García Cañón afirmó que el dinero no salió de las cuentas del Distrito, sino que correspondió a una operación entre las compañías privadas Celsia y APP CDEC. Añadió que el reconocimiento de esos costos estaba previsto desde agosto de 2023 y que la información fue presentada a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025.
La controversia también alcanza el procedimiento contra Sencia por los presuntos incumplimientos relacionados con el estadio. Quintero cuestiona el tiempo que tomó iniciar la actuación sancionatoria, mientras García argumenta que el Instituto debía cumplir las etapas contractuales, formular requerimientos, permitir respuestas y contar con el respaldo de la interventoría antes de avanzar.
Cambios en el proyecto y alertas sobre posibles conflictos de interés
Las modificaciones contractuales son otro motivo de confrontación. Quintero cuestionó un otrosí que, según su denuncia, habría cambiado el alcance de la intervención prevista para El Campín, al pasar de una remodelación a la construcción de un nuevo escenario, con modificaciones en la capacidad y en los ingresos esperados por la concesionaria.
A esto se suman sus señalamientos sobre una posible puerta giratoria entre funcionarios que habrían participado en la estructuración de la APP desde el IDRD y personas que posteriormente ocuparon puestos directivos en empresas vinculadas con el proyecto. El concejal aseguró que continúa revisando si otros funcionarios pudieron incurrir en situaciones similares.
García respondió que estos casos deben evaluarse con evidencia verificable y no únicamente a partir de sospechas. También afirmó que la entidad está dispuesta a suministrar la documentación requerida por los organismos competentes y a informar sobre cualquier posible incompatibilidad de la que tenga conocimiento.
Una disputa que puede trasladarse al ámbito legal
El enfrentamiento abrió un nuevo frente para el director del IDRD, quien anunció que acudirá a las instancias legales para determinar si las declaraciones de Quintero podrían constituir injuria o calumnia. García diferenció las funciones de vigilancia de los concejales de las acusaciones que, a su juicio, pueden afectar la reputación de los funcionarios sin que exista una responsabilidad establecida.
Por ahora, el debate no se ha traducido en una decisión que aparte al director de sus funciones. La controversia seguirá su curso mientras se examinan los cuestionamientos sobre la APP y avanza el procedimiento administrativo contra Sencia, dos asuntos que mantienen bajo escrutinio la gestión pública del estadio.