El hecho: El sector bancario implementará nuevos alivios financieros para familias y empresas damnificadas por el terremoto.
¿Por qué es importante? Facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras de los afectados y evitar un mayor deterioro de su situación económica.
¿Cuál es el contexto? Asobancaria anunció el primer paquete de medidas el 12 de agosto, dos días después del terremoto.
¿A quiénes afecta y cómo? Personas y empresas afectadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, previa evaluación de cada entidad financiera.
¿Qué intereses hay en juego? La capacidad de pago de los damnificados, su historial crediticio y la continuidad de sus actividades económicas mientras avanza la reconstrucción.
Dato clave: Los alivios pueden incluir periodos de gracia de hasta 12 meses, pero las condiciones serán definidas por cada entidad financiera según la situación particular de sus clientes.
El sector financiero anunció nuevas medidas para acompañar a las familias y empresas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo De La Espriella informó este miércoles 19 de agosto que la banca se sumó a las acciones de reconstrucción mediante un paquete de alivios dirigido a los damnificados.
Según explicó el mandatario, las medidas contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses, con alternativas relacionadas con los intereses, además de la suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros vinculados a los productos financieros.
El Gobierno estima que el paquete representa un aporte cercano a $1,1 billones y está dirigido a las personas y empresas afectadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
¿Qué alivios financieros recibirán los damnificados por el terremoto?
El anuncio recoge parte de las medidas que ya habían sido anticipadas por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) el pasado 12 de agosto.
El gremio había explicado que los clientes afectados podrían acceder a periodos de gracia de hasta un año en los casos que presentaran mayores niveles de afectación. También se contempló la posibilidad de modificar los plazos y condiciones de los créditos, además de establecer tratamientos particulares para los intereses.
Las condiciones, sin embargo, no serán necesariamente iguales para todos los usuarios. Cada entidad financiera deberá revisar la situación de sus clientes y determinar qué alternativas pueden aplicarse en cada caso.
El paquete también contempla medidas para evitar que las dificultades económicas provocadas por la emergencia terminen deteriorando el historial crediticio de los damnificados. A esto se suma la suspensión temporal de cobros jurídicos y prejurídicos.
Asobancaria indicó que las personas afectadas deben comunicarse directamente con su banco para informar su situación y conocer las opciones disponibles. El objetivo es facilitar los trámites y adaptar la respuesta a las circunstancias particulares de cada familia o empresa.
La banca mantiene sus canales de atención
La emergencia también generó dificultades para la operación presencial del sistema financiero. Para el momento del anuncio inicial, 533 oficinas bancarias presentaban afectaciones, equivalentes al 4 % del total nacional y al 34 % de las sucursales ubicadas en los cinco departamentos impactados.
A pesar de estos daños, el gremio señaló que los canales digitales permanecían habilitados para los clientes y que las oficinas sin problemas estructurales continuaban prestando atención.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, había señalado que las plataformas digitales operaban con normalidad, permitiendo mantener la comunicación con los usuarios mientras avanzaba la recuperación de las sedes afectadas.
Con estas medidas, el sector financiero busca atender las dificultades de liquidez que enfrentan los damnificados y contribuir a que familias y empresas puedan concentrar sus recursos en la recuperación de sus viviendas, negocios y actividades productivas.
El presidente De La Espriella destacó el respaldo del sector bancario y aseguró que la reconstrucción requiere la participación conjunta del Gobierno, las empresas y los ciudadanos.
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