El Gobierno nacional prepara una propuesta para desmontar de manera gradual el impuesto del 4×1.000, uno de los gravámenes que más ingresos genera para las finanzas públicas. La medida sería incluida en la denominada Ley de Rescate, cuyo proyecto está previsto para ser presentado ante el Congreso durante la segunda quincena de octubre.
La propuesta contempla una reducción progresiva del impuesto, teniendo en cuenta que su eliminación inmediata tendría un impacto significativo sobre los ingresos del Estado. El Gobierno busca, de esta manera, avanzar hacia su desaparición sin generar un choque abrupto en las finanzas públicas.
4×1.000: Un impuesto muy importante para el Estado
El arancel a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1.000, cobra cuatro pesos por cada mil pesos de determinadas operaciones financieras. Aunque existen excepciones y topes para algunas transacciones, el tributo continúa representando una fuente importante de recursos para el Estado.
Durante el primer semestre de 2026, el recaudo por este concepto habría alcanzado los $8,4 billones, frente a los $7,5 billones registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representa un crecimiento cercano al 11 %.
Precisamente, este nivel de recaudo es uno de los principales factores que dificultan un desmonte inmediato. Cualquier reducción tendría que estar acompañada por medidas que permitan compensar los recursos que dejaría de recibir el Gobierno.
La Ley de Rescate también estaría orientada a fortalecer el control y la reducción del gasto público, como parte de la estrategia fiscal planteada por el Ejecutivo.
Actualmente, determinadas cuentas y operaciones pueden acceder a beneficios o exenciones bajo las condiciones establecidas por la legislación. Para 2026, uno de los límites establecidos para las cuentas exentas corresponde a 350 UVT, equivalentes a $18.330.900.
El eventual desmonte del gravamen podría reducir el costo de algunas operaciones financieras y tendría efectos sobre los usuarios del sistema bancario, aunque el alcance dependerá de las condiciones que finalmente sean aprobadas.
El anuncio no significa que el 4×1.000 vaya a desaparecer de manera inmediata. Primero será necesario conocer el texto definitivo de la Ley de Rescate y posteriormente surtir el trámite correspondiente en el Congreso.
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