Entre el 7 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, los operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal dejaron 269 unidades de producción intervenidas y 124 personas capturadas, de acuerdo con el balance divulgado por el Gobierno. Las acciones también estuvieron dirigidas contra la infraestructura utilizada para la extracción de minerales y el funcionamiento de estas estructuras en diferentes regiones del país.
El resultado incluye la incautación de 55.668 galones de combustible, 40 máquinas pesadas, 127 equipos adicionales, 77 dragas y 16 dragones brasileños, maquinaria que, de acuerdo con las autoridades, era utilizada en actividades de explotación ilícita de yacimientos.
Uno de los operativos destacados se desarrolló en El Bagre, Antioquia, donde las autoridades intervinieron un punto ubicado sobre el río Nechí, en el sector de Río Viejo. La operación, denominada Aquiles, permitió inutilizar tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas de buceo y 13 motores industriales.
Antioquia y otras regiones concentran operaciones contra la minería ilegal
Según las estimaciones oficiales, este punto tendría una producción cercana a 26,5 kilos de oro mensuales, con un valor aproximado de $11.130 millones en el mercado informal. El Gobierno también señaló que la estructura estaría vinculada con la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, organización a la que atribuyó el cobro de un porcentaje de la producción. Estas afirmaciones corresponden a las autoridades y deberán ser sustentadas dentro de los respectivos procesos judiciales.
Las acciones no se limitaron al Bajo Cauca antioqueño. En Nariño, el Ejército reportó la intervención de tres complejos de minería ilegal ubicados en Magüí Payán, Barbacoas y Telembí, cuya producción conjunta fue estimada por las autoridades en más de 10.400 gramos de oro mensuales. La maquinaria destruida en estos procedimientos fue valorada en más de $1.800 millones.
En Putumayo también se realizó una intervención en Puerto Caicedo, mientras que en El Patía, Cauca, la Policía y el Ejército destruyeron el 28 de septiembre una unidad de producción localizada en el río Guachicono. Allí fueron encontrados un motor de 150 caballos de fuerza, una draga artesanal y un motor industrial.
La estructura tendría capacidad para unas 20 personas y, según las autoridades, podría producir aproximadamente un kilogramo de oro al mes. En este caso también se estableció una posible relación con una estructura del ELN, una hipótesis que deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.
| Indicador (7 ago – 28 sep 2026) | Cifra |
|---|---|
| Personas capturadas | 124 |
| Frentes de minería ilegal neutralizados | 269 |
| Combustible incautado | 55.668 galones |
| Máquinas pesadas incautadas | 40 |
| Otros equipos incautados | 127 |
| Dragas | 77 |
| Dragones brasileños | 16 |
El Gobierno también puso la atención sobre el Magdalena Medio. En Santa Rosa del Sur, Bolívar, la cúpula militar y policial anunció un refuerzo de las capacidades operativas para enfrentar a grupos armados y afectar las fuentes de financiación asociadas con actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.
El balance ocurre mientras persiste el debate sobre la efectividad de la estrategia estatal. Un análisis de cifras oficiales citado por medios nacionales mostró que entre enero y agosto de 2026 las capturas relacionadas con minería ilegal fueron similares a las del mismo periodo de 2025, mientras aumentaron de manera significativa las incautaciones de maquinaria y otros equipos.
Para el sector minero formal, el fenómeno representa además un problema de seguridad, competencia y protección ambiental. Los gremios han advertido sobre el peso de la extracción ilegal en la comercialización de oro y sus efectos sobre los territorios, particularmente por la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y la presencia de estructuras criminales.
Con este panorama, el desafío para las autoridades no se limita a intervenir maquinaria o capturar personas, el resultado de la estrategia también dependerá de la capacidad para impedir que estas estructuras vuelvan a operar y reducir de manera sostenida las rentas ilegales asociadas a la extracción de oro.
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