Medellín cerró septiembre con la inflación anual más alta del país: 7,04 %. Le siguen Armenia, con 7,00 %, y Bucaramanga, con 6,98 %. El promedio nacional llegó a 6,29 %, el nivel más alto desde mediados de 2024, y los restaurantes y hoteles encabezan las alzas, con 9,44 % en doce meses. Detrás de esas cifras hay algo más concreto que cualquier tabla del DANE: un almuerzo que cuesta más, un mercado que rinde menos y un salario que, aunque haya subido, ya no alcanza para lo mismo.
La inflación es el peor de los impuestos. Nadie la vota en el Congreso, no tiene exenciones y golpea con más fuerza a quien menos tiene, porque el que vive del día a día no puede proteger su dinero en dólares ni en finca raíz. Por eso sorprende que en Colombia se hable de ella como si fuera un fenómeno del clima y no la consecuencia de decisiones concretas.
Las causas tienen nombre propio
Parte del problema viene de lejos. La pandemia desordenó las cadenas de suministro, encareció fletes y alimentos y dejó a muchas economías con más dinero que bienes. Pero a esa herencia se sumaron errores locales. El gobierno de Iván Duque llevó el salario mínimo de 2022 a un millón de pesos, con un alza cercana al 10 %, cuando los precios ya venían acelerándose. Y el gobierno de Gustavo Petro decretó para 2026 un aumento de 23 %, que con el auxilio de transporte llevó el ingreso mínimo a dos millones de pesos. El codirector del Banco de la República Mauricio Villamizar estima que ese solo incremento le sumó cerca de dos puntos a la inflación de este año. En un país donde arriendos, matrículas, multas y tarifas se ajustan con el salario mínimo o con el IPC, cada decreto de diciembre se replica en cascada durante todo el año siguiente.
A eso se suma el gasto público. El Gobierno Nacional cerró 2025 con un déficit de 6,4 % del PIB y, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con el déficit primario más alto en tres décadas sin contar periodos de crisis. Un Estado que gasta mucho más de lo que recauda presiona los precios y obliga al Emisor a frenar con más fuerza.
Un banco central que llega tarde
Respetamos la independencia del Banco de la República; es una de las instituciones que mejor le han servido al país. Pero también tenemos derecho a discrepar. Hoy su tasa de intervención está en 12,25 %, con una inflación de 6,29 % y expectativas cercanas a 6,8 %. Eso significa un costo real del dinero de más de cinco puntos. En 2023, con una inflación que superó el 13 %, la tasa llegó a 13,25 %, un costo real cercano a cero, y eso después de que la economía había crecido más de 7 % en 2022. Hoy el apretón es mucho más duro sobre una economía mucho más frágil.
Se dirá que el PIB creció 3,5 % en el segundo trimestre. Es cierto, pero más de la mitad de ese crecimiento lo aportó el consumo del Gobierno, impulsado en parte por el proceso electoral. El motor privado, el que genera empleo formal e inversión, sigue frío. Y una inflación empujada por salarios decretados, tarifas reguladas y la amenaza de El Niño no se corrige del todo encareciendo el crédito: las tasas altas castigan la demanda, pero no siembran comida ni bajan el precio de la energía. A nuestro juicio, el Banco llegó tarde al comienzo de la pandemia y llegó tarde a su salida. Sería grave que ahora se quede tarde en la dirección contraria.
Cómo han salido otros
La experiencia internacional deja lecciones útiles. Brasil vivió entre 2015 y 2016 su peor recesión en décadas, con inflación de 10,67 % y una tasa Selic de 14,25 %. La salida no fue presionar al banco central ni imprimir dinero. Fue aprobar, a finales de 2016, un techo constitucional al gasto que devolvió la credibilidad fiscal. Con esa ancla, la inflación cedió y la Selic bajó a 6,5 % en marzo de 2018.
Chile, en julio de 2023, fue de los primeros bancos centrales de la región en recortar tasas, con un movimiento de un punto, cuando la inflación todavía estaba por encima del 7 %. Leyó a tiempo que la economía se enfriaba, no esperó a ver la meta cumplida para empezar a aflojar y la inflación siguió bajando. Israel, en 1985, frenó una inflación de tres dígitos con un plan que combinó recorte del déficit y un pacto entre Gobierno, empresarios y sindicatos para desindexar salarios y precios. La lección es que la inflación inercial se rompe con acuerdos, no solo con tasas.
El contraejemplo es Turquía, que bajó tasas a la fuerza mientras los precios se disparaban y terminó con una inflación superior al 80 % en 2022. Nadie sensato propone ese camino. Una cosa es pedirle al Emisor que lea mejor el ciclo y otra muy distinta es someterlo al Gobierno de turno.
La hora de reinventarse
Colombia necesita tres cosas a la vez. Un ancla fiscal creíble, que el nuevo Gobierno empiece a construir con hechos y no solo con circulares de austeridad. Una economía menos indexada, empezando por desligar del salario mínimo multas, tarifas y cobros que no tienen por qué crecer al mismo ritmo. Y un Banco de la República dispuesto a innovar, a comunicar con claridad hacia dónde va y a reconocer que una política demasiado apretada sobre una economía frágil también tiene costos.
La negociación del salario mínimo de 2027 está a la vuelta de la esquina y será la primera prueba. Si el país vuelve a decretar alzas sin productividad que las respalde, dentro de un año estaremos hablando de las mismas ciudades caras y de los mismos bolsillos vacíos.
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