Colombia definió el monto de recursos con el que funcionará el Estado durante 2027. Después de una extensa discusión parlamentaria, Senado y Cámara de Representantes respaldaron el Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones, una decisión que distribuye el gasto público entre sectores como salud, educación, protección social, energía y seguridad.
La votación final se produjo durante la madrugada del 20 de octubre, luego de que la Cámara retomara el debate que había comenzado la noche anterior. El Senado había aprobado el proyecto alrededor de las 11:00 p. m. del 19 de octubre, mientras que los representantes terminaron su sesión hacia las 3:43 a. m., cuando optaron por respaldar el articulado que ya había pasado por la otra corporación.
El acuerdo permitió concluir el trámite legislativo sin convocar una conciliación. También descartó la posibilidad de que el Ejecutivo expidiera el presupuesto mediante decreto, alternativa que habría entrado en consideración si el Congreso no cumplía el plazo establecido.
El debate incluyó una propuesta alternativa del Pacto Histórico para reducir el monto a cerca de $598 billones, pero esta no fue la que terminó aprobándose. Además, las plenarias no tenían facultad para cambiar el valor global de $634,9 billones, establecido previamente en las comisiones económicas, aunque sí podían mover partidas entre sectores.
Presupuesto: Salud y pensiones concentran parte de los recursos adicionales
Entre las modificaciones incorporadas durante la discusión sobresale la asignación para el sistema de salud. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó que se sumaron $3 billones a los $2 billones que ya estaban contemplados, para completar $5 billones destinados a atender las necesidades del sector en medio de su situación financiera.
Las obligaciones pensionales también ocuparon un lugar relevante en la distribución presupuestal. El sector Trabajo recibirá $66,9 billones, de los cuales $6,5 billones adicionales se destinarán al pago de compromisos pensionales. La asignación comprende, además, recursos para protección social, formación laboral, productividad y emprendimiento, con participación de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
En educación superior pública, durante el trámite se reconoció un faltante cercano a los $700.000 millones para cubrir necesidades de funcionamiento de las universidades estatales, una brecha que quedó expuesta en la discusión presupuestal.
Subsidios energéticos y obligaciones por combustibles
El sector de Minas y Energía tendrá $3 billones adicionales para financiar subsidios de electricidad y gas. A esta partida se suma una apropiación de $9,6 billones para cubrir compromisos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que no contaban con una asignación explícita en la propuesta inicial.
Estas decisiones forman parte de los movimientos que se incorporaron al presupuesto durante las sesiones plenarias, sin alterar el valor total aprobado para el próximo año.
Defensa recibirá recursos trasladados durante el debate
La distribución para 2027 contempla $82,8 billones destinados a la seguridad nacional y al funcionamiento de la Fuerza Pública. Dentro de esa cifra, $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía, con los que se respaldarán las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación dispondrá de $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad operativa y organizacional.
En otra decisión presupuestal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones. El ajuste se compone de un recorte inicial de $170.000 millones y una disminución adicional de $11.400 millones, cuyos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa. Según lo señalado durante el trámite, la reducción no comprometerá el funcionamiento de la jurisdicción ni el cumplimiento de sus tareas misionales.
Con el aval de las dos cámaras, el presupuesto quedó listo para la vigencia de 2027. Su ejecución será determinante para materializar las apropiaciones aprobadas y responder a las obligaciones del Estado en los diferentes sectores.