Escándalo en el DAPRE: radicarán denuncia contra Petro por uso de OPS a mujeres

Carlos Ríos afirmó que las afectadas fueron vinculadas con contratos OPS durante la administración anterior para condicionar su permanencia.

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Un tenso silencio apoderó este miércoles a los senadores de la Comisión Segunda del Senado tras las explosivas declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos. Durante un debate de control político, el alto funcionario anunció que la actual administración acudirá a los estrados judiciales para radicar una denuncia formal sobre la supuesta instrumentalización de 48 mujeres en la Casa de Nariño durante la gestión del expresidente Gustavo Petro.

Panorama general: Según lo expuesto por Ríos, las implicadas habrían sido vinculadas a la Presidencia mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), esquema contractual que, a juicio del director del Dapre, sirvió para condicionar y “amarrar” su permanencia en la entidad. “Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, aseveró Ríos ante el pleno de la comisión.

Sin revelar nombres ni identidades específicas para no entorpecer los trámites judiciales, el funcionario enfatizó que varias de las presuntas afectadas ya se encuentran en contacto con la administración saliente para aportar sus testimonios. Además, dirigió duras palabras hacia la bancada del Pacto Histórico, dirigiéndose de manera directa al congresista Agmeth Escaf: “Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano cómo gobernar. 48 mujeres ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban e instrumentalizaban para poder estar con el expresidente”, recriminó.

En su intervención, Ríos sostuvo que el material probatorio recabado permitirá demostrar que el palacio gubernamental fue configurado para actividades alejadas del servicio público: “Vamos a demostrar cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

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El anuncio sobre las presuntas irregularidades con el personal contractual no fue el único punto crítico abordado durante el debate. El director del Dapre aprovechó el escenario para responder a los cuestionamientos sobre la gestión del actual Ejecutivo, que apenas roza los tres meses de mandato, frente al cumplimiento de los compromisos de paz.

Ríos argumentó que la actual administración enfrenta “grandes dificultades heredadas” e hizo un balance sobre el nivel de avance acumulado del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC. Según sus cifras, transcurridos ocho años del plazo de 16 fijado para su desarrollo total, la ejecución general se ubica apenas en un 53 %.

En la distribución por períodos presidenciales, Ríos contrastó el desempeño de las últimas dos administraciones:

  • Administración Iván Duque: Ejecutó el 32 % del plan de implementación.
  • Administración Gustavo Petro: Logró un cumplimiento del 4,66 %, según los registros presentados por la Casa de Nariño.

“A nosotros nos están arrogando el 47 % de la ejecución restante. Quien hablaba de paz, el gobierno anterior, tenía la obligación de haberlos implementado más que la administración que lo antecedió”, recalcó.

Por qué es importante: Para sustentar las fallas en la gestión de recursos destinados a la paz, el jefe del Dapre proyectó ante los legisladores material fotográfico y en video relativo al estado de las zonas de ubicación temporal.

De acuerdo con los datos expuestos, durante el gobierno saliente se asignó un presupuesto de 13.000 millones de pesos para estas infraestructuras, monto que, según las evaluaciones técnicas preliminares, no se compadece con las obras construidas.

  • Inversión registrada: $13.000 millones de pesos.
  • Avalúo estimado por la actual gestión: No supera los $3.000 millones de pesos.
  • Capacidad proyectada vs. ocupación real: El contrato contemplaba atención para 200 personas, pero solo ingresaron 99 y actualmente permanecen 50.

“Me parece lamentable cómo en el gobierno anterior se robaron la plata”, recriminó Ríos, al tiempo que solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República para que adelante un juicio fiscal y establezca las responsabilidades a las que haya lugar.

Se prevé que en los próximos días la dirección del Dapre haga efectiva la presentación de las evidencias y las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación.

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