El presidente Abelardo de La Espriella trazó la Ley de Rescate, una hoja de ruta económica y de contingencia con la que su administración busca estabilizar las finanzas del país y hacer frente a las emergencias climáticas e infraestructurales. Durante una alocución televisada, el jefe de Estado confirmó que esta semana radicará ante el Congreso de la República esta iniciativa legislativa orientada a atender los desafíos presupuestales y fiscales de la nación.
“No voy a ocultar las dificultades ni voy a prometer soluciones mágicas. Mi responsabilidad como presidente de la República es tomar decisiones, asumir sus consecuencias y actuar siempre dentro del marco de la ley”, dijo De la Espriella.
Panorama general: Uno de los puntos clave de la intervención estuvo centrado en la viabilidad del Presupuesto General de la Nación para 2027. El mandatario explicó que, debido a una falta de conciliación oportuna entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, el trámite legislativo no concluyó en el periodo ordinario.
Para sortear la parálisis económica institucional, el Ejecutivo expidió el Decreto 1599 de 2026 (con fecha del 22 de octubre), amparado en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Con este instrumento se fijó el monto para el ciclo fiscal del próximo año en $634,9 billones, integrando las modificaciones que ya habían superado el primer debate.
De La Espriella restó dramatismo a la maniobra legal calificándola como la resolución de un vicio formal: “El presupuesto no quedó hundido y el país no se quedó sin recursos para funcionar, como algunos han querido hacerlo parecer. Aplicamos el mecanismo previsto en nuestro ordenamiento jurídico y garantizamos la continuidad del Estado”.
¿Qué pretende la Ley de Rescate? Detalles
En respuesta a las tensiones de caja, la Casa de Nariño oficializó un ajuste de austeridad que supera los $267.000 millones, afectando rubros tanto de funcionamiento como de inversión. De esta cifra, aproximadamente $192.000 millones corresponden al presupuesto directo del Despacho Presidencial.
Ajustes en personal y agencias del Estado
El plan de contracción del gasto involucra directamente a dependencias estratégicas:
Entidades con ajuste: Agencia de Renovación del Territorio, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
Ajuste de personal y contratos: La Presidencia mantendrá operativos solo 586 de sus 1.018 cargos de planta, lo que representa un 58% de ocupación, y formalizó la terminación de 32 contratos de prestación de servicios, logrando un ahorro adicional de $2.200 millones.
En materia social y de desarrollo empresarial, el Gobierno articuló una serie de anuncios presupuestales enfocados en la productividad y la atención a poblaciones vulnerables:
Capacitación e instrucción laboral: A través del SENA, se destinarán $43.800 millones para fortalecer las competencias de 75.115 trabajadores en 10.612 empresas en todo el país.
Fondo Emprender: Se aprobó una partida de $34.140 millones dirigida a emprendedores de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Tolima, departamentos golpeados por el sismo, con apoyos de capital semilla de hasta $75 millones por proyecto.
Alianza tecnológica con Google: Se dispondrá de un millón de becas para certificaciones en inteligencia artificial, computación en la nube y competencias digitales.
Programa Colombia Mayor: Este miércoles 28 de octubre iniciará un nuevo ciclo de pagos por $669.581 millones, garantizando giros de hasta $230.000 para más de 2,8 millones de personas de la tercera edad.
Frente al programa Colombia Mayor, el mandatario reconoció un déficit heredado superior a los $3 billones según reportes de Prosperidad Social, pero confirmó que la inyección presupuestal asegurará la liquidez de los giros e instruyó al Ministerio de Hacienda a buscar saldos adicionales en las modificaciones al presupuesto vigente para cerrar el año sin contratiempos.
Por qué es importante: A más de dos meses del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, el Ejecutivo entregó un balance sobre las obras de recuperación regional. El recién creado Fondo Patria Milagro ya ejecuta una hoja de ruta respaldada por una primera partida de $624.656 millones desembolsados mediante un crédito con el Banco Mundial.
Sumado a las asignaciones previas para la atención de emergencias, el sector público moviliza cerca de $1 billón de pesos. El presidente aclaró que las donaciones del sector privado, estimadas en más de $1 billón, no ingresan al Estado ni al Fondo, sino que son administradas directamente por las empresas y fundaciones aliadas bajo la coordinación y verificación del Gobierno.
En materia de obras e infraestructura en las zonas afectadas, el plan de inversión contempla:
- Vivienda: Más de $332.000 millones para la construcción, reparación y rehabilitación de 7.385 viviendas.
- Reactivación de pequeños negocios: $4.600 millones repartidos en 920 apoyos económicos directos de $5 millones cada uno.
- Seguridad territorial: $50.000 millones destinados a financiar la demolición de edificaciones en riesgo.
El sector energético afronta un escenario crítico debido a la baja pluviometría. Durante los últimos seis meses, las lluvias han estado por debajo del promedio habitual y los aportes hídricos a los embalses en octubre cayeron casi un 40%.
El Gobierno fijó como meta que los embalses del país, ubicados actualmente entre el 75,7% y el 75,8% alcancen el 80% de su capacidad antes del 30 de noviembre. Para blindar el suministro eléctrico, se adopta,ron medidas inmediatas:
Aplazamiento de mantenimientos programados en las centrales de Chivor y Guavio.
Flexibilización operativa en Hidroituango y mayor abastecimiento de gas para las plantas térmicas.
Investigaciones por incumplimiento: Tras evidenciarse que de 118 GWh/día comprometidos por el Cargo por Confiabilidad, las empresas solo han entregado en promedio 83 GWh/día (cumpliendo la meta en apenas un día de 42 evaluados), la Superintendencia de Servicios Públicos abrirá investigaciones formales a los generadores que registran entregas inferiores al 30%.
Complementariamente, el Ejecutivo lanzará una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas en entidades públicas e invitó al sector privado y a las familias a sumarse a la racionalización de estos recursos vitales.