Desde 2025, 19 municipios del Suroeste antioqueño han convivido con una determinante nacional que pesaba sobre 102.801 hectáreas de su suelo rural, cerca del 29% de su territorio, según La República. El sábado, en Fredonia, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, firmó la derogatoria. Andes, Jardín, Jericó, Támesis, Salgar y otros catorce municipios recuperan así una decisión que la ley les reconoce y que ninguna resolución debió condicionarles.
Qué se derogó y por qué importa
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, conocidas como Appa, salieron del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Proteger el suelo agrícola es una buena idea. Lo que falló fue la forma: desde Bogotá se trazaron zonas que después limitaban lo que los concejos podían decidir en sus planes de ordenamiento. Según El Tiempo, la figura llegó a cubrir más de 900.000 hectáreas en el país.
Para justificar la derogatoria, el Ministerio presenta una revisión de la Upra que examinó 484 documentos y 10.450 páginas. Sus hallazgos: se usó una versión preliminar de la frontera agrícola, quedaron por fuera más de 113.000 hectáreas sin documentación georreferenciada y el 38,9% del área se apoyó en planes anteriores a 2007. Son conclusiones de la propia entidad y conviene contrastarlas con fuentes independientes. Aun así, pintan una norma con bases frágiles. La revisión añade que el 30,9% del área coincidía con títulos mineros o zonas con potencial minero, otro choque con figuras que ya existían.
La autonomía municipal no es un trámite
El ministro Dangond lo resumió así: «Uno no le puede imponer desde Bogotá a los productores del campo qué sembrar, cómo sembrar ni cuándo sembrar». Tiene razón, y no depende de simpatías políticas. Quien conozca las laderas cafeteras de Andes o los cultivos de Jardín sabe que el uso del suelo se conversa con quienes viven de él.
El gobernador Andrés Julián Rendón fue de los primeros en decirlo. En enero de 2025 anunció que demandaría la medida porque carecía de estudios técnicos y pasaba por encima de los concejos. En el fondo, acertó. Pero su tono de choque frontal con el gobierno anterior, justificado en varios casos, no siempre bastó para que la gente entendiera que esto no era una pelea política más, sino algo que iba a tocar su tierra, sus proyectos y su patrimonio.
#Colombia l El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició el proceso para derogar cinco resoluciones que declararon Appa en municipios de la sabana de Bogotá.
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— 360 Radio (@360RadioCo) September 2, 2026
Una deuda que no es solo de Petro
Hay quienes leyeron las Appa como un pulso político, y esa es también nuestra lectura. Lo que las notas consultadas documentan son las fallas técnicas, no las intenciones, y así debe quedar claro. Detrás hay una deuda mayor que ningún gobierno ha pagado: Colombia no tiene un rumbo definido sobre qué sembrar, dónde y para qué mercado. Fuimos algodoneros, después palmeros, limoneros y aguacateros, según lo que dejara plata en cada momento. Un ordenamiento serio, con diagnósticos técnicos, concertado con las regiones y estable en el tiempo, diría dónde cultivar, dónde extraer, dónde hacer turismo y dónde conservar.
Antioquia, además, no partía de cero. En noviembre de 2023, durante la gobernación de Aníbal Gaviria, el secretario de Agricultura, Héctor Fabio Betancur, explicó en 360 Radio que el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario servía para decirles a los agricultores cuáles son los espacios de siembra. Hoy la pregunta para la Gobernación es directa: qué pasó con esa herramienta y con qué instrumento cuenta el departamento para orientar a sus productores.
Los municipios también tienen tarea. Un nuevo golpe político no se puede descartar en los próximos diez, veinte o treinta años, venga de quien venga. Les corresponde tener lista su propia planificación del suelo, con datos y con las comunidades a bordo.
Una advertencia desde Támesis
No todos celebran. El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, pidió, según Minuto30, suspender la resolución hasta alcanzar acuerdos con las comunidades. Su inquietud merece una respuesta seria: un municipio pequeño, con poca capacidad técnica, puede quedar solo frente a presiones que antes la norma nacional contenía.
La respuesta está en los concejos, con transparencia y participación, y no en una determinante impuesta que nadie pudo discutir. Además, el suelo no queda a la deriva. Según El Colombiano, siguen vigentes los planes de manejo de cuencas, las áreas de Corantioquia, el Registro Único de Áreas Protegidas y la reserva temporal de la Resolución 0855 de 2025. Lo que cambia es quién decide, no si existe protección.
Lo que viene para el campo
Antes ya se habían derogado las Appa de ocho municipios del sur de La Guajira y de cinco de Cundinamarca. El ministro anunció que siguen Córdoba y Tolima, y prometió un crédito a veinte años con tasas que no superarán el 1% mensual. Por ahora es un anuncio, sin entidad operadora ni fecha de inicio, y el campo debe exigir que se cumpla.
Queda además una pregunta que el Gobierno le debe al Suroeste: qué piensa de Quebradona. El proyecto de AngloGold Ashanti en Jericó no depende de las Appa sino de la Resolución 0855, que reserva más de 37.000 hectáreas en seis municipios. La ANM prorrogó la exploración hasta diciembre de 2027, lo que no autoriza a explotar, y la empresa anunció un nuevo estudio de impacto ambiental. Hasta donde consta, el Gobierno no ha fijado una posición expresa. Quien derogó una norma en nombre de la autonomía territorial debería decir con la misma claridad si quiere o no una mina en el corazón cafetero.
Proteger la comida del país es una causa legítima, pero no se logra sin quien la cultiva. En el Suroeste, la tierra vuelve a decidirse donde se pisa.