Antes de presentarles otra cuenta a los colombianos, el país necesita una explicación sobre las decisiones que lo llevaron a necesitar un rescate fiscal. ¿Quién responde cuando una actuación del Gobierno compromete recursos durante años? ¿Qué ocurre cuando se desoyen advertencias y las consecuencias terminan pagándolas quienes trabajan, producen y cumplen?
En 360 creemos que Colombia tiene que empezar a exigir responsabilidades por las decisiones públicas de mayor trascendencia. Administrar el Estado supone deberes que continúan después de abandonar el cargo. Haber ganado unas elecciones o haber sido nombrado ministro no puede convertirse en un salvoconducto frente a actuaciones contrarias a la ley.
La economía, la minería y la energía, y la seguridad requieren especial atención. Sus problemas sobreviven a los gobiernos. Una decisión sobre endeudamiento compromete presupuestos futuros. Una política que debilita el abastecimiento energético puede afectar a hogares y empresas durante años. Una omisión frente a una amenaza de seguridad puede dejar comunidades enteras a merced de los violentos.
Las consecuencias no distinguen entre votantes de izquierda y de derecha. Tampoco debería hacerlo la exigencia de rendición de cuentas.
Por eso consideramos necesario que las autoridades competentes examinen, dentro de sus respectivas atribuciones, las decisiones y posibles omisiones del gobierno de Gustavo Petro en el manejo económico. Ese examen debe abarcar las actuaciones de José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y Germán Ávila durante sus respectivas gestiones, así como las de Javier Cuéllar en los asuntos que hayan estado bajo su responsabilidad. También debe alcanzar al propio Petro mediante los procedimientos constitucionales que correspondan.
No estamos pidiendo una condena anticipada. Estamos pidiendo que se establezca qué ocurrió, quién decidió, con qué información y bajo qué advertencias. Si existen fundamentos, deben abrirse las investigaciones y practicarse las diligencias que correspondan, incluida la comparecencia de quienes tengan que explicar sus actuaciones. El cargo actual no puede cerrar esa puerta.
En nuestro criterio, el manejo económico de ese gobierno merece un cuestionamiento profundo. La discusión debe ir más allá de las justificaciones partidistas y llegar a los expedientes, los conceptos técnicos y los resultados.
El endeudamiento exige una revisión específica. ¿Qué operaciones se autorizaron, a qué tasas, con qué plazos y frente a cuáles alternativas? Una tasa nominal elevada, aislada de sus condiciones de mercado, no demuestra un delito. Pero el costo de comprometer recursos públicos obliga a explicar si se actuó con diligencia y si se protegieron los intereses de la Nación.
Lo mismo ocurre con la regla fiscal. Una decisión que permite apartarse de sus metas exige sustento técnico y jurídico, transparencia sobre sus consecuencias y un camino creíble de retorno. Hay que establecer si se cumplieron esos requisitos y si hubo actuaciones que pudieran generar responsabilidad, pues el debate no puede terminar en una rueda de prensa.
También deben revisarse las plantas de personal y los contratos de prestación de servicios. Si se pagaron funciones inexistentes, se duplicaron labores sin justificación o se contrataron personas que no cumplieron sus obligaciones, hay que identificar los casos y recuperar los recursos cuando proceda. Esa investigación necesita contratos, entregables y supervisiones. La indignación debe convertirse en evidencia.