A nadie le gusta pagar impuestos. Es comprensible: cada peso que se le entrega al Estado sale del trabajo, del ahorro o de una decisión de consumo. Pero tampoco es viable exigir servicios, infraestructura y seguridad sin aceptar que financiarlos es una responsabilidad compartida. Colombia necesita discutir cómo repartir esa responsabilidad y qué Estado está dispuesta a sostener.
En 360 proponemos estudiar un IVA general entre el 10 % y el 12 %, aplicado a todos los bienes, productos y servicios destinados al consumo final, sin exenciones ni exclusiones. Una regla comprensible, con una tarifa menor y una base amplia. El país merece conocer cuánto recaudaría, cómo se aplicaría y qué condiciones permitirían sostenerlo.
Un sistema sencillo facilita cumplir y reduce disputas sobre tratamientos especiales. La propuesta exige resolver cuatro asuntos.
El primero es la suficiencia del recaudo. Ampliar la base permite incorporar operaciones que hoy reciben tratamientos distintos, pero no demuestra automáticamente que una tarifa menor alcance. El Gobierno debe publicar cálculos que incluyan consumo, evasión, informalidad y cambios de comportamiento. También debe mostrar cuánto necesita recaudar después de revisar seriamente el gasto.
La aritmética obliga a ser cuidadosos. Pasar del 19 % al 10 % exigiría, manteniendo constantes las demás condiciones, una base efectivamente gravada 1,9 veces mayor para obtener el mismo ingreso. No basta con declarar gravadas más actividades: esas operaciones tienen que registrarse y el impuesto debe llegar al Estado.
La primera objeción es conocida: cobrar IVA sobre la canasta básica sería «criminal» o «indolente». Entendemos la preocupación por los alimentos. Pero esos calificativos clausuran una discusión necesaria sobre cómo financiar al Estado con una tarifa general menor.
La inflación también encarece la canasta básica y erosiona el poder de compra, especialmente de quienes tienen menos margen para proteger sus ingresos. Es un impuesto de hecho que no aparece discriminado en la factura. Excluir un alimento del IVA no lo protege de aumentos en transporte, energía o insumos. Unas finanzas públicas sostenibles ayudan a la estabilidad; también importan la política monetaria, la tasa de cambio y la capacidad de producir. El ajuste fiscal no controla por sí solo todos los precios.
Un ejemplo permite entender la propuesta. A una tarifa del 10 %, un huevo con precio antes de IVA de $600 tendría $60 de impuesto. Un televisor de $5 millones antes de IVA pagaría $500.000, frente a $950.000 al 19 %. Su precio final bajaría de $5.950.000 a $5.500.000 si el precio antes del impuesto se mantiene.
Eso no significa que comprar un televisor compense automáticamente el mayor gasto en alimentos: la comida se compra todos los días y los electrodomésticos, ocasionalmente. Hay que calcular el efecto por hogar. Defendemos una regla general, pero su evaluación debe contemplar toda la canasta de consumo.
El segundo asunto es la formalización. Una tarifa uniforme puede simplificar el sistema, pero necesita negocios identificados, ventas documentadas y procedimientos fáciles de cumplir. Facturar y declarar no deberían convertirse en una carrera de obstáculos para un pequeño establecimiento.
Peluquerías, talleres, consultorios y comercios necesitan herramientas accesibles y reglas proporcionadas a su tamaño. Tampoco puede permitirse que ocultar operaciones resulte más ventajoso que cumplir. La administración tributaria debe concentrar sus controles en diferencias comprobables entre ventas, compras, pagos y declaraciones, respetando los derechos del contribuyente.
La formalidad debe ofrecer ventajas concretas: acceso al crédito, posibilidad de contratar con empresas más grandes y reconocimiento de los impuestos pagados en los insumos. Cobrar IVA sucesivamente sin permitir ese reconocimiento convertiría el sistema en una acumulación de impuestos sobre impuestos. Nuestra propuesta es gravar el consumo final y preservar el mecanismo de valor agregado.
El tercer asunto es terminar con los tratamientos preferenciales. Cada excepción tiene defensores y alguna justificación presentada como indispensable. El resultado puede ser un sistema que los ciudadanos difícilmente entienden y cuya complejidad favorece a quienes pueden pagar asesoría especializada.
Proponemos una tarifa general sin privilegios sectoriales. Esa universalidad requiere definir bien las operaciones: el IVA debe recaer sobre el consumo, no sobre el desembolso de un crédito o una transferencia que no constituya una venta. También deben resolverse las reglas del comercio exterior para evitar que el impuesto se acumule en la producción. Precisar estos conceptos es indispensable para que la propuesta funcione.
Las compras internacionales requieren reglas compatibles con los compromisos comerciales de Colombia. IVA y aranceles son cobros diferentes; el consumidor merece claridad sobre ambos.
El cuarto asunto es la responsabilidad compartida y el uso del dinero público. Quienes no declaran renta también contribuyen mediante sus compras. El objetivo es registrar una mayor proporción del consumo y distribuir mejor la carga.
En esa discusión también debe revisarse la estratificación. Clasificar una vivienda y su entorno no permite conocer con suficiente precisión los ingresos de quienes la habitan. Las condiciones económicas cambian; las categorías pueden quedarse atrás. Así aparecen riesgos de subsidiar a quien no lo necesita y de cobrar contribuciones a quien atraviesa dificultades.
Creemos que la estratificación, como criterio principal para asignar subsidios de servicios públicos, debe reemplazarse gradualmente. Hay que cruzar información verificable sobre las condiciones reales de los hogares, revisar periódicamente los beneficios y medir sus errores. Los recursos destinados a subsidios deben justificarse y su costo tiene que ser público. No pueden asumirse como derechos indefinidos ligados a una dirección.
El Estado también tiene obligaciones. Antes de pedir una contribución más amplia debe reducir gastos innecesarios, eliminar duplicidades y demostrar resultados. La disciplina fiscal pierde credibilidad cuando se exige al ciudadano mientras la administración conserva todos sus privilegios.
Colombia necesita un acuerdo tributario que pueda durar. Un IVA más bajo, general y sencillo merece estudiarse con cifras abiertas y reglas que faciliten cumplir. La reforma debería permitirnos financiar servicios necesarios con una economía más formal y un Estado que use mejor cada peso. Ese es el debate que proponemos.