La controversia alrededor de Deicy Jiménez y sus vínculos contractuales con entidades públicas, presuntamente a cambio de favores sexuales, llegó al escenario legislativo luego de que María José Pizarro se pronunciara sobre la relación laboral que existió entre la mujer y la Vicepresidencia del Senado durante el periodo en el que la congresista estuvo al frente de esa dependencia.
A través de un comunicado, Pizarro confirmó que Jiménez prestó servicios administrativos para la corporación entre 2023 y 2024. Según explicó, la contratación se desarrolló dentro de los procedimientos legales y las funciones asignadas fueron cumplidas sin que, durante ese tiempo, recibiera informes o quejas sobre posibles anomalías en su desempeño.
Pizarro fija su posición frente a las denuncias y anuncia acciones ante la Corte Suprema
La excongresista también aclaró que no tuvo conocimiento de una eventual relación personal entre Jiménez y Gustavo Petro. En ese sentido, señaló que su vínculo con el exmandatario ha estado limitado a asuntos políticos e históricos, al tiempo que rechazó haber intervenido en prácticas de corrupción o en la asignación de contratos públicos a cambio de favores.
El pronunciamiento de la dirigente del Pacto Histórico se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias de Jiménez, quien ha señalado presuntos beneficios contractuales vinculados a favores sexuales durante el Gobierno de Petro. Frente a estos señalamientos, Pizarro defendió la legalidad de la contratación que estuvo bajo su responsabilidad y rechazó cualquier conducta irregular.
La congresista pide ser escuchada por la Sala de Instrucción
En el comunicado, Pizarro manifestó que respetará la reserva del proceso establecida por el magistrado encargado del caso en la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual indicó que no entregará declaraciones a medios de comunicación por fuera de sus canales oficiales.
Sin embargo, anunció que le solicitó a su abogado gestionar una audiencia ante la Sala de Instrucción del alto tribunal, con el propósito de presentar las pruebas que, según afirmó, respaldan su versión de los hechos y responder ante las autoridades competentes.
Comunicado a la opinión pública: https://t.co/RG8eCSmwgw
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026
La excongresista también pidió que Deicy Jiménez sea escuchada dentro del proceso con las garantías legales correspondientes y sin presiones externas. Además, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y rechazó que estos asuntos sean utilizados para promover cualquier forma de violencia de género.
Los contratos de Deicy Jiménez también están bajo revisión
El caso tomó mayor relevancia después de que Noticias Caracol divulgara una conversación entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez, quien para diciembre de 2025 se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En el intercambio aparece una solicitud del entonces mandatario relacionada con la continuidad contractual de Jiménez en el Ministerio del Interior.
La conversación comenzó cuando Rodríguez informó a Petro sobre la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz, que recibiría de la Cámara de Representantes, así como de su admisión a un doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado.
Horas más tarde, el presidente le compartió un archivo PDF identificado con el nombre de Deicy Jiménez y escribió: «Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de MinInterior». La respuesta de Rodríguez fue: «Perfecto, señor presidente».
Para ese momento, Jiménez tenía un contrato con el Ministerio del Interior por 11 millones de pesos, suscrito en agosto de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, firmó otro contrato por 30 millones de pesos.
La existencia de esa conversación y los diferentes vínculos contractuales forman parte de los elementos que han puesto bajo escrutinio las relaciones de Jiménez con entidades estatales. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, Pizarro busca que su versión sea incorporada formalmente al expediente y que las autoridades establezcan las responsabilidades que correspondan.