El esquema de evaluación ambiental en Colombia se encamina hacia una reestructuración de fondo. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) proyecta una serie de modificaciones operativas y normativas orientadas a agilizar el trámite de proyectos de desarrollo en el país, lo que incluye la actualización de los instrumentos técnicos para yacimientos no convencionales y la simultaneidad de los procesos de consulta previa con las evaluaciones ambientales.
El anuncio fue hecho por el director de la entidad, Sergio Piñeros, quien detalló que el propósito central es optimizar las metodologías vigentes a partir del conocimiento y la experiencia técnica acumulada en la institución.
De la ideología a la técnica: el plan de la ANLA para reformar el esquema de licencias en Colombia
Uno de los puntos clave expuestos por el funcionario es la actualización de los Términos de Referencia (TdR) para los proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico (fracking). Los TdR corresponden a la hoja de ruta técnica y administrativa que fija el alcance, los objetivos y las exigencias que deben cumplir las empresas al presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
De acuerdo con Piñeros, los instrumentos metodológicos ya existen, pero requieren una modificación articulada que se ejecutará en paralelo con los demás ajustes institucionales. Con esta puesta a punto técnica, la entidad busca tener definida la ruta para la evaluación de yacimientos no convencionales en el territorio nacional.
Consultas previas y licencias avanzarán en paralelo
En materia de articulación comunitaria, Piñeros explicó el alcance de un nuevo decreto que fue remitido por el Ministerio de Ambiente para la firma del presidente Abelardo de la Espriella. La norma busca que el proceso de consulta previa y la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental transcurran de manera simultánea y no de forma secuencial.
“¿Cuál es la meta? Que la consulta previa no sea el requisito para el otorgamiento de la licencia ambiental”, argumentó el director de la Anla, señalando que, si bien ambos trámites poseen el mismo nivel de relevancia, no deben frenar sus etapas procedimentales entre sí.
La propuesta fija una condición clara: la licencia ambiental o el inicio formal de las operaciones de un proyecto no podrán concretarse hasta que la consulta previa haya concluido satisfactoriamente. Para consolidar este cambio en el procedimiento, el Gobierno contempla introducir modificaciones normativas mediante la Ley del Plan Nacional de Desarrollo o a través de una reforma a la Ley 99 de 1993.
Inversión del 1%: $1,8 billones en el tintero
Durante el balance, el titular de la Anla abordó la situación de la obligación legal de inversión forzosa del 1%, un mecanismo mediante el cual los proyectos que usan agua tomada directamente de fuentes naturales deben destinar un porcentaje de la inversión total a la protección de las cuencas hídricas.
Tras participar en más de un centenar de mesas de diálogo sectoriales, Piñeros identificó que las solicitudes de compensación territorial son una demanda recurrente. Aunque la entidad aún no cuenta con un consolidado definitivo, se calcula que los recursos pendientes de ejecución o asignación alcanzan aproximadamente los $1,8 billones. La meta de la actual administración es redefinir el destino de estas inversiones para encauzarlas hacia proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible de mayor impacto tangibles para las regiones.
Debate sobre la visión metodológica de la entidad
Finalmente, Sergio Piñeros sostuvo una postura crítica frente al estado en que encontró la metodología de licenciamiento al asumir el cargo, afirmando que el esquema heredado contenía “sesgos ideológicos” que ralentizaban los proyectos productivos del país.
Frente a la inclusión de criterios de derechos humanos en los conceptos ambientales, el directivo enfatizó que la protección de los derechos fundamentales es innegociable y se sitúa por encima de cualquier trámite técnico, pero advirtió sobre la necesidad de no cruzar ambas esferas institucionales. Según explicó, los instrumentos de licenciamiento deben centrarse estrictamente en la evaluación del impacto ambiental para garantizar decisiones técnicas ágiles y rigurosas.