La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre un aparente incumplimiento de su fallo sobre el caso del senador Gustavo Petro.
Por: Redacción 360 Radio
Desde el Congreso de la República enviaron una carta al organismo internacional en el que reclaman un intento de intromisión en asuntos internos de Colombia.
La sentencia favoreció a Petro y estableció que un organismo administrativo, como lo es la Procuraduría General de la Nación, no puede destituir e inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos popularmente, pero la reforma aprobada en el Congreso no le quitó esa facultad al Ministerio Público.
Por ende, los presidentes de Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara, la polémica Jennifer Arias, respondieron a Elizabeth Odio Benito, presidenta de la CIDH, que el Estado colombiano “siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.
Los funcionarios defendieron la ley aprobada en el Congreso y afirmaron que las funciones que tiene la Procuraduría para emitir esas sanciones “le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”.
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Sostuvieron que la ley que se aprobó cumple con el requisito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de separar las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos y que los fallos sean revisados por autoridades diferentes”.
“La ley creó dentro del procedimiento disciplinario tres salas disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. También establece reglas para la designación de sus integrantes e introduce varias reformas para regular el procedimiento disciplinario y que este cumpla con las garantías del debido proceso, en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos”, afirmaron.
Además, expresaron que el pronunciamiento de la CIDH, “de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”.
El Congreso recordó a los miembros de la CIDH que en la actualidad está en curso una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que reformó el Código Disciplinario, motivo por el cual solicitaron que no se emitan pronunciamientos antes de que la acción judicial sea resuelta.