Jaime Uribe, el empresario al que De la Espriella confió la gerencia del Fondo Milagro

Jaime Andrés Uribe Tamayo llegó a la gerencia del Fondo Milagro después de que su anunciado nombramiento en ProColombia no se concretara. Su trayectoria empresarial y la controversia por los salarios de la entidad marcan su llegada al Gobierno.

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La llegada de Jaime Uribe al Fondo Milagro representa un nuevo capítulo en la trayectoria de un empresario antioqueño que ha desarrollado su carrera principalmente en el sector privado. Con más de 25 años de experiencia en la creación, administración y expansión de compañías, su nombre comenzó a sonar para ocupar la presidencia de ProColombia, pero finalmente terminó al frente de una de las iniciativas de la administración de Abelardo De la Espriella.

Su recorrido profesional está relacionado con actividades industriales, manufactureras, comerciales y de consumo, con una participación destacada en el sector textil. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a diferentes empresas, tanto en la creación de negocios como en su dirección y crecimiento, experiencia que ahora deberá trasladar a la gestión de recursos y proyectos desde el sector público.

Jaime Uribe: de la industria privada a los cargos del Gobierno

Entre sus actividades empresariales se encuentra su participación en Prisma Coffee Tech, compañía dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para el sector cafetero, y Prisma Moto Parts, enfocada en la comercialización de repuestos y accesorios para motocicletas. También figura como cofundador de Ron Parce, marca perteneciente a la industria de bebidas alcohólicas.

Otro de los capítulos relevantes de su trayectoria fue Silicaucho S.A., empresa de la que fue socio fundador y en la que ejerció como gerente general durante más de dos décadas. Este recorrido le permitió acumular experiencia en la administración de organizaciones y el desarrollo de negocios, aunque su actividad profesional se concentró en el ámbito empresarial y no en la función pública.

Esa característica fue resaltada cuando se anunció su llegada a ProColombia. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó entonces su experiencia como empresario y señaló que no había ocupado cargos en el sector público.

¿Por qué no llegó a la presidencia de ProColombia?

El nombramiento de Uribe en ProColombia se había presentado como parte de los cambios en la dirección de la entidad, en reemplazo de Carmen Caballero, quien estuvo 44 meses al frente de la organización. Durante ese periodo, la institución reportó resultados como la llegada de más de 20 millones de visitantes internacionales, la apertura de 68 nuevas rutas y la generación de 306.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, su designación no se materializó. La razón estuvo relacionada con un requisito legal para ocupar la presidencia de la entidad: contar con título profesional, condición que Uribe no cumplía. Posteriormente, su perfil fue vinculado a la gerencia del Fondo Milagro, responsabilidad que lo incorporó al equipo de la nueva administración.

Los cuestionamientos por la remuneración en el Fondo Milagro

Su llegada a esta entidad también quedó en medio de una controversia por los salarios asignados a varios integrantes de su equipo. Según la información conocida a través de un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, Uribe recibe una remuneración mensual de $39,4 millones.

La cifra supera en $8,7 millones el salario de un ministro, calculado en $30,7 millones. A esto se suman los $36 millones mensuales que reciben, respectivamente, el secretario privado y el director jurídico y de contratación del Fondo Milagro.

La divulgación de estos valores provocó una reacción del presidente Abelardo De la Espriella, quien manifestó su desacuerdo con las remuneraciones y aseguró que no había autorizado esos pagos. Ante la situación, anunció que ordenaría reversarlos y adoptar medidas correctivas.

De esta manera, Uribe asume la dirección del Fondo Milagro con el desafío de poner su experiencia empresarial al servicio de la gestión pública, mientras su nombramiento y las condiciones salariales de la entidad permanecen bajo el escrutinio político.

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