¿A quién persiguen?

Foto: uniderecho.com

Resulta muy sospechoso que cada cierto tiempo, se produzca en nuestro país un escándalo mediático relacionado con chuzadas, seguimientos o o – como llaman ahora –, “perfilamientos”; y que siempre aparezca involucrado el Ejército Nacional.


Por: María Fernanda Cabal

Este tipo de escándalos, por la magnitud del “rebote” que hacen los medios de comunicación con información no verificada judicialmente, logra tener eco poniendo en aprietos al gobierno de turno, sin importar que pocas veces se llegue a algún resultado concreto en términos judiciales. El objetivo, finalmente, es crear una percepción negativa en el pueblo colombiano y en la comunidad internacional sobre el comportamiento de las fuerzas militares; para así minar su capacidad de enfrentar el narcoterrorismo.

También resulta curioso que sean los mismos con las mismas. La eterna “izquierda perseguida” con sus figuras más representativas y sus ONGs defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch – financiada por Soros – a la cabeza, más los medios de comunicación que les sirven de vitrina: la revista Semana, el New York Times – otras veces el Washington Post – y el diario El País de España. Y casi siempre acompañados por la inefable Telesur en esta cruzada.

A fin de cuentas, lo que importa es que las acusaciones que se publican se conviertan en condenas mediáticas seguras.

Si le hiciéramos la debida trazabilidad a los escándalos, deberíamos analizar el de hace algunos meses cuando se señaló al General Nicasio Martínez, de “expedir órdenes de letalidad” que “ponían en riesgo a los civiles”, desconociendo malintencionadamente que la cuestionada orden tenía su origen en la directiva 300-287/08 de “políticas de mando”, diseñada por el entonces viceministro Sergio Jaramillo, con sus asesores técnicos, entre ellos Juanita Goebertus. No es despreciable que la normativa de la cuestionada orden se enmarca en el cuerpo de la Doctrina Damasco, diseñada durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el mando a cargo del General Alberto Mejía.

Esto deja entrever con claridad cómo desde un principio se empezó a construir una estrategia de desprestigio en contra de la fuerza pública, fin último que siempre ha pretendido la izquierda, aliada en ocasiones con el “régimen”, cuando de objetivos comunes se trata. En este caso, tumbar a Duque y mantener el festín de recursos públicos a cargo de los mismos que durante más de 12 años los han controlado.

Olvidan los incautos que Santos fue Ministro de Defensa de Uribe y al dejar el cargo lo sucedió un alfil suyo, para que después, durante los fatídicos ocho años de su mandato presidencial, la cúpula militar se transformara en mandadera de un gobierno corrupto y complaciente con los crímenes de las Farc, mientras hacían de las suyas con el presupuesto público.

También olvidan que durante esta época, se inició la transformación de la doctrina militar y se le añadieron más elementos para satisfacer a los organismos internacionales, que creen que esta guerra ha sido de papel y que las vidas de soldados y policías, ofrendadas por montones, valen menos que las de los terroristas.

También olvidan, pero la sociedad no, que fue gracias al arrojo, la valentía y el amor de patria de los miembros de la fuerza pública, que este país logró salir de la cloaca a donde lo sumergieron pésimas administraciones que llevaron a una espiral de violencia generalizada y cómo Colombia pasó de ser un Estado fallido, a convertirse en una nación viable.

Los números y las recurrentes encuestas lo demuestran, así la mezquindad de unos pocos no lo quieran ver y sigan haciendo hasta lo imposible por debilitar la fuerza pública, hasta lograr su destrucción, para que volvamos a caer en el abismo donde estábamos.

Por otra parte, no es gratuita la tesis de la “sistematicidad” de los mal llamados ‘falsos positivos’. Poco a poco fueron convirtiendo cualquier baja en combate, en un “homicidio en persona protegida”, mientras la Fiscalía desarrollaba entonces toda una estrategia de encarcelamientos masivos a soldados, luego a capitanes, a mayores y a coroneles; ante la indiferencia de los Generales, que tristemente dejaban “echar al fuego” a su tropa.

Esa era apenas la punta de lanza de toda una estrategia de guerra jurídica, que derivaría luego en más de 4.500 detenciones de miembros del Ejército Nacional.

“El combo” fue la fórmula judicial, mediante la cual se acusaba a los militares: homicidio en persona protegida, secuestro, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. De esta forma era imposible “escaparse” de la tenaza de la guerra jurídica.

Fiscales que, sin ningún pudor, dictaban medidas de aseguramiento a soldados sin piernas, porque su objetivo era claro: Transmitir cifras agigantadas para que, en el imaginario del pueblo colombiano, quedaran como grandes asesinos bajo el mando del presidente Álvaro Uribe.

A tal punto de descaro llegaron a su malévola estrategia, que entre sus alfiles alinearon a un coronel retirado de la Policía, Omar Rojas, supuestamente asilado en Argentina, que publicó un libro – ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’ – en contra del Ejército acusándolo de más de 10 mil falsos positivos entre 2002 y 2010. Ampliamente publicitado por el diario inglés The Sun, dando por hecho todas las falacias allí descritas.

Por todo esto, el escándalo de las chuzadas o “perfilaciones” – o no importa como se llame, el fin es el mismo – se revive con los mismos protagonistas principales. Sólo que ahora para hacer creíble esta historia, involucran personajes cercanos al CD, que ni saben por qué sus nombres están allí.

No creo en el cuento de los “perfilamientos” porque de ser cierto, nos estaría revelando lo deplorable de las actividades de inteligencia del ejército, dedicada a ubicar perfiles con información de Facebook, Google o de cualquier red social que genere datos; en vez de utilizar sus recursos humanos y tecnológicos para enfrentar los grupos delincuenciales atomizados gracias al mal llamado acuerdo de paz y fortalecidos por la coca, que operan en distintas regiones apartadas del país.

Finalmente, lo de Nicholas Casey no es un episodio aislado. Su mención es necesaria para revictimizarlo y activar la estrategia comunicacional de la izquierda en asocio con “el régimen”, para falsificar verdades y poner en aprietos al gobierno que le cierra el espacio a la izquierda.

Por ello el periódico El País de España sale hoy rebotando la noticia; el mismo periódico que no se ruborizó ni pidió excusas cuando escribió que el General Nicasio Martínez había dirigido un grupo de soldados asesinos de indígenas, ocultando que durante ocho largos años estos muchachos estuvieron injustamente detenidos y que luego, las investigaciones del CTI descubrieran las falsedades de las pruebas, procediendo a la revocatoria de la medida de aseguramiento.

¿Por qué éstos mismos medios no le muestran al país las investigaciones por corrupción en el Ejército? ¿Son cómplices porque unos juegan con la izquierda y otros con el régimen? ¿O con ambos? ¿Quién filtra información? ¿En dónde están las famosas carpetas de las que habla la revista Semana?

Entretanto, al usar un arma letal llamada desprestigio, se van destapando intereses oscuros, donde cada vez hay mas certeza que la herencia funesta del General Mejía – a quien este gobierno permitió permanecer en el cargo por casi cuatro meses después de la posesión – mantiene el control para tapar la maraña de corrupción de su mandato y “quema” con montajes a quienes necesitan silenciar.

Amanecerá y veremos.

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