El ministro del Interior, Rodrigo Lara radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley conocido popularmente como “antimermelada”, que busca evitar procesos de lobby político entre el poder Ejecutivo y Legislativo.
La iniciativa es impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella plantea modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política para permitir que senadores y representantes postulen proyectos de inversión pública destinados a sus departamentos y municipios.
Estas solicitudes deberán quedar registradas en un sistema de consulta pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer quién promovió cada iniciativa y hacer seguimiento a las gestiones relacionadas con los recursos estatales.
¿Qué propone el proyecto de ley “antimermelada”?
Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer límites a la participación de los congresistas en los contratos derivados de las obras que promuevan. Aunque podrán gestionar iniciativas para sus regiones, no podrán intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos correspondientes. Además, ni ellos ni los financiadores de sus campañas podrán obtener beneficios económicos particulares de estos proyectos.
La reforma también contempla la creación de tres registros públicos: uno para declarar los intereses particulares de los congresistas, otro para identificar a los financiadores de sus campañas y un tercero para documentar los proyectos de inversión que postulen. Con estos mecanismos, el Gobierno busca que las relaciones entre los parlamentarios y las entidades estatales puedan ser consultadas por los ciudadanos.
Otro cambio está relacionado con la definición de los conflictos de intereses, según la propuesta, estos se configurarían cuando una decisión represente un beneficio particular y determinado para el congresista, su pareja, sus familiares dentro de los grados establecidos o sus socios. La defensa de intereses regionales o sectoriales y la financiación de campañas debidamente registrada no constituirían, por sí solas, un conflicto de intereses.
El proyecto establece que ocultar información en la declaración pública de intereses podría convertirse en una causal de pérdida de investidura, sanción que implica la separación del cargo de congresista. La misma consecuencia se contempla para quienes participen en discusiones o decisiones en las que tengan un conflicto de intereses.
Al tratarse de un proyecto de acto legislativo, la iniciativa deberá superar ocho debates en dos periodos ordinarios y consecutivos antes de convertirse en una reforma constitucional. Además, contempla la expedición de una ley orgánica que reglamente los registros públicos, la gestión de proyectos regionales, la declaración de intereses y la financiación de las campañas.
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