Un frente de batallas jurídicas que asciende a los $16 billones mantiene en alerta a las entidades de control y gestión vial del país. Ante este panorama, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) pactaron una estrategia conjunta para blindar los recursos públicos y unificar la respuesta estatal frente a un total de 46 tribunales de arbitramento activos.
La dimensión de las controversias contractuales derivadas de las concesiones viales y férreas refleja una presión financiera considerable para la Nación. De acuerdo con el diagnóstico revelado tras una reunión entre las directivas de ambas agencias, el grueso de los litigios se divide entre 25 tribunales de carácter internacional y 21 radicado en el ámbito nacional.
«Hoy estamos exponiendo la crítica situación de litigiosidad de la ANI», advirtió Ricardo Ayerbe, presidente de la entidad, al detallar el volumen de los procesos en curso junto a Germán Calderón España, director de la Andje.
Tribunales de arbitramento contra la ANI suman pretensiones por $16 billones
Para dimensionar el tamaño de la exposición fiscal, las autoridades aclararon que los $16 billones corresponden estrictamente a las pretensiones económicas formuladas dentro de los procesos activos, las cuales deberán ser debatidas y resueltas con base en las pruebas presentadas por los concesionarios y el Estado.
A este bloque se le suman otros componentes financieros de gran peso que maneja de forma separada la ANI:
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Laudos ejecutoriados: Suman un monto de $8 billones a favor de la Nación, correspondientes a decisiones de tribunales arbitrales que ya alcanzaron firmeza jurídica.
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Amigables composiciones: Se tramitan actualmente 18 solicitudes bajo este mecanismo de resolución alternativa de conflictos, tasadas conjuntamente en $81.000 millones.
La alianza estratégica diseñada por la ANI y la Andje descansa sobre tres pilares fundamentales. El primero consiste en unificar la defensa y la postura institucional en los litigios abiertos, aprovechando la experiencia técnica de la Andje en la representación del Estado ante cortes arbitrales de alta complejidad.
Como segundo punto, las entidades se propusieron robustecer la estructuración jurídica previa de los casos, optimizando la solidez de los argumentos técnicos y probatorios con los que se acude a las audiencias.
Por qué es importante: El plan contempla abrir la puerta a fórmulas de arreglo directo con los concesionarios particulares. Este camino, sin embargo, no implicará una capitulación automática ni la resolución masiva de los pleitos; los acuerdos económicos solo se evaluarán caso por caso y de manera excepcional cuando los análisis demuestren que proteger los intereses públicos resulta más viable mediante una conciliación que dilatando los procesos en los estrados.
Con esta coordinación interinstitucional, el Gobierno busca reducir la vulnerabilidad fiscal del programa nacional de infraestructura, combinando una defensa jurídica férrea en los tribunales con salidas negociadas que aporten seguridad jurídica al sector.
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