En una carta abierta dirigida al Gobierno nacional y al Congreso de la República, los líderes de las principales asociaciones de telecomunicaciones del país —Asomóvil, Andesco, Asotic y la GSMA— elevaron un llamado urgente para enfrentar lo que describen como una crisis estructural del sector: la creciente desigualdad en el ecosistema digital colombiano.
El pronunciamiento, encabezado por el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos Mejía, insiste en que mientras las empresas operadoras han invertido más de 55 billones de pesos en los últimos siete años para sostener y expandir la infraestructura de telecomunicaciones, las grandes plataformas digitales —responsables del 67 % del tráfico total de datos— no pagan por el uso de esas redes ni están sujetas a regulaciones locales.
La carta, fechada el 22 de julio de 2025, sostiene que Colombia ha logrado avances importantes en cobertura de internet, alcanzando un 79 % de población conectada, con miras al 85 %. Sin embargo, advierte que para llegar al 95 %, como lo exige la meta del MinTIC, se necesitarán inversiones adicionales cercanas a 4.500 millones de dólares, que actualmente están en riesgo por el deterioro financiero del sector.
Asomóvil denuncia una falla estructural que exige regulación urgente
El documento remarca la caída del ingreso promedio por usuario (ARPU), que se ha reducido un 70 % en la última década, según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
A esto se suma un crecimiento explosivo del tráfico de datos, impulsado por plataformas que, a juicio de las asociaciones firmantes, «definen unilateralmente las condiciones de entrega de sus contenidos, sin asumir responsabilidad económica alguna sobre las redes que utilizan».
El problema, según Asomóvil, es doble: las plataformas no solo no contribuyen al mantenimiento ni expansión de la infraestructura, sino que imponen condiciones técnicas a los operadores, presionando aún más su sostenibilidad.
La situación no es nueva, pero el sector afirma que ya alcanzó un punto crítico. Mientras países como Corea del Sur han adoptado modelos de negociación regulada entre operadores y generadores de tráfico, en Colombia sigue sin existir un marco que permita equilibrar la balanza.
El llamado se dirige especialmente a la CRC, entidad encargada de regular el ecosistema digital. “Se requiere una simplificación regulatoria para las empresas de telecomunicaciones y que los grandes generadores de tráfico asuman una parte proporcional de los costos de red”, indica el documento, que cita estudios de la Universidad Nacional, JSM y NERA que respaldan esta necesidad.
¿Qué está en juego?
Más allá de la rentabilidad de los operadores, lo que está en juego —según el gremio— es la continuidad del acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y el trabajo en línea, especialmente en zonas rurales donde la conectividad aún es limitada.
“Si esta situación no se corrige, se frenará el despliegue de redes en regiones apartadas, se ampliará la brecha digital y se comprometerá el desarrollo regional”, afirman los firmantes.
Además, se advierte que sin reglas claras, Colombia podría quedar rezagada frente a otros países de América Latina en innovación, competitividad y digitalización. Este escenario sería crítico, dado que el acceso a internet se ha convertido en un derecho habilitante para otros derechos fundamentales.
¿Qué propone el sector?
La carta no se limita a exponer problemas; también plantea soluciones concretas:
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Establecer un modelo de uso equitativo y sostenible de las redes, donde todos los actores, especialmente los que más tráfico generan, contribuyan proporcionalmente.
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Simplificar y ajustar la regulación para incentivar las inversiones del sector telecomunicaciones.
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Adaptar experiencias internacionales exitosas, como el caso surcoreano, donde las reglas del juego son más simétricas.
Los firmantes concluyen con un mensaje claro: “Regular el uso justo de las redes no es solo una medida económica. Es una decisión política y social que impacta la equidad territorial, la democracia y el futuro digital de todos los colombianos.”
El balón está ahora en la cancha del Congreso, el MinTIC, la CRC y el propio Gobierno nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán clave para definir si Colombia avanza hacia una conectividad inclusiva y sostenible o se queda rezagada en la nueva economía digital.
