En una petición formal enviada a la Corte Constitucional, el Banco de la República solicitó que la reforma pensional, en caso de ser declarada constitucional, no entre en vigencia de manera inmediata. La entidad propuso que su implementación comience tres meses después del pronunciamiento oficial, argumentando que no existen condiciones prácticas para una entrada en vigor al día siguiente del fallo.
Panorama general: El Banco justificó su solicitud señalando que algunos procesos clave del nuevo régimen pensional ya venían con retrasos y se vieron interrumpidos a partir del 17 de junio, fecha en la que la Corte anunció la suspensión temporal de la ley hasta tanto se defina su constitucionalidad.
En un comunicado dirigido a la Corte, el Emisor explicó que, de acuerdo con lo indicado en una nota de prensa del alto tribunal, los procesos administrativos pendientes tendrían que realizarse entre la fecha del fallo y el día siguiente, cuando entraría en vigor la norma. Para el banco central, este margen resulta “inviable desde el punto de vista práctico”.
Además, el Banco de la República solicitó que se aclare la interpretación jurídica sobre la vigencia tanto de la ley como de los decretos reglamentarios ya expedidos, señalando que esta claridad es fundamental para avanzar en aspectos claves de implementación.
Entre estos se encuentran la firma del contrato entre el Emisor y el Ministerio de Hacienda, la selección de los administradores externos, y la designación de los miembros del Comité Autónomo Directivo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, tarea que debe asumir la Junta Directiva del Banco.
Banco de la República solicita a la Corte un plazo de tres meses antes de aplicar la reforma pensional
Por qué es importante: Todos estos procesos, según detalló la entidad, se encuentran paralizados desde el anuncio del 17 de junio por parte de la Corte, en el cual se comunicó la suspensión de la entrada en vigencia de la norma mientras se adelanta su análisis constitucional.
El Emisor también rechazó las interpretaciones que han surgido sobre sus comunicaciones dirigidas a la Corte, las cuales —afirmó— han sido malinterpretadas. Según la entidad, su intención nunca ha sido entorpecer la reforma, sino solicitar un plazo «razonable» que le permita cumplir adecuadamente con el nuevo rol que le asigna la ley, en caso de que sea avalada por el alto tribunal.
La petición pone sobre la mesa uno de los principales retos de la reforma pensional: su implementación operativa y técnica. El papel del Banco de la República será determinante en el funcionamiento del nuevo pilar contributivo, particularmente en lo que respecta al manejo del Fondo de Ahorro que busca garantizar sostenibilidad a largo plazo.
La Corte Constitucional aún no ha emitido su fallo definitivo sobre la reforma pensional, una de las piezas clave del proyecto social del actual Gobierno. En tanto, instituciones como el Banco de la República se preparan para asumir nuevas funciones, aunque no sin antes exigir un margen temporal que permita ordenar y ejecutar con responsabilidad las tareas asignadas.
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