En una decisión de profunda trascendencia para la seguridad nacional, la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá revocó el fallo de tutela emitido el pasado 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia. Con esta providencia, la justicia dejó sin efectos la medida provisional que había impuesto condicionamientos y restricciones adicionales a la planeación y ejecución de operaciones aéreas militares, incluidos los bombardeos, contra estructuras de grupos armados ilegales ante la posible presencia de menores de edad reclutados.
El fallo del Tribunal restablece la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, permitiéndoles planear y ejecutar misiones tácticas dentro del marco constitucional y legal vigente, bajo la observancia estricta de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Seguridad nacional y DIH: los detalles de la decisión Tribunal de Bogotá que revoca restricciones a los bombardeos aéreos militares
Para adoptar esta determinación, el Tribunal Superior fundamentó su decisión en el incumplimiento de los requisitos procesales esenciales de la acción de tutela. El despacho advirtió que durante el proceso judicial inicial no se identificaron personas determinadas ni operaciones militares concretas que permitieran configurar una amenaza inminente.
Asimismo, la corporación judicial precisó que las pretensiones de carácter colectivo y estructural planteadas en la acción constitucional debían tramitarse por los mecanismos judiciales correspondientes, y no mediante acciones de tutela particulares.
Por otro lado, el Tribunal recordó que el marco legal y temporal para la adopción del Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores se extiende de manera formal hasta julio de 2027, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 2590 de 2026.
Cuestionamientos procesales y rechazo de pretensiones colectivas
Tras conocerse la decisión, el Gobierno Nacional reafirmó que la conducción de la Fuerza Pública se ejerce en estricto acatamiento de las competencias de la Constitución Política, garantizando el respeto por la independencia judicial y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Desde el Ejecutivo se subrayó que las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares representan un pilar insustituible para la defensa de la soberanía territorial, la contención de las organizaciones criminales, la protección de las comunidades vulnerables y la ejecución de tareas críticas de seguridad, abastecimiento y evacuación aeromédica en las regiones más apartadas y agrestes de Colombia.
Rol estratégico de las capacidades aéreas y protección a la infancia
El Gobierno reiteró que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley constituyen crímenes aberrantes y graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, enfatizó que la prevención de este delito y la protección integral de las víctimas menores de edad se mantienen como prioridades inquebrantables de las instituciones del Estado.
Con el revés jurídico a la medida cautelar, el Estado continuará ejerciendo sus mandatos constitucionales en materia de defensa y orden público, asegurando que cada operación de la Fuerza Pública se desarrolle con absoluto apego a la ley, respeto por los derechos humanos y rigurosa observancia del Derecho Internacional Humanitario, informaron. La defensa de la seguridad nacional y la protección de todos los colombianos, con especial énfasis en la niñez y la juventud, seguirán cumpliéndose con determinación dentro del marco del ordenamiento jurídico.