Un reciente borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda ha desatado un debate técnico y político en torno a la modificación de las tarifas de retención en la fuente, aplicables al impuesto sobre la renta y complementarios. Aunque el objetivo del Gobierno es claro —acelerar el recaudo y obtener liquidez inmediata—, para expertos y contribuyentes esta estrategia representa una presión adicional sobre el flujo de caja de empresas y personas naturales.
Panorama general: La propuesta establece un esquema más exigente de retención mensual, incluso para aquellos contribuyentes que ya ejercen la figura de autorretenedores. Esto, en la práctica, implica que tanto compañías como ciudadanos deberán anticipar recursos al fisco, antes de generar efectivamente los ingresos gravados.
El impacto sobre la liquidez es inmediato. De acuerdo con David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, la medida permitiría al Gobierno recaudar hasta $7 billones adicionales. No obstante, advierte que ese monto podría verse reducido por la caída en sectores clave como minería y petróleo, que enfrentan contracciones desde mediados de 2024.
Reforma tributaria: nueva retención en la fuente afectaría liquidez de empresas y trabajadores
La inquietud crece si se tiene en cuenta el análisis de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien advirtió que las nuevas tarifas representarían un adelanto de impuestos del año fiscal 2026 por un valor estimado de $13,9 billones, equivalentes al 0,8% del Producto Interno Bruto.
La inquietud crece si se tiene en cuenta el análisis de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien advirtió que las nuevas tarifas representarían un adelanto de impuestos del año fiscal 2026 por un valor estimado de $13,9 billones, equivalentes al 0,8% del Producto Interno Bruto.
“Es como si una familia pidiera prestado su salario del próximo año para cubrir los gastos del actual. El resultado es inevitable: habrá un hueco fiscal en 2026”, explicó Mejía en sus redes sociales.
Ante este panorama, Fedesarrollo ha insistido en que la única solución fiscalmente responsable sería un recorte estructural del gasto público por al menos $28 billones, una advertencia que el centro de estudios ha reiterado desde 2024.
De acuerdo con nuestros cálculos, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta implicarían un adelanto en el pago de impuestos de 2026 a 2025 por $13,9 billones (0,8% del PIB). Esto repetiría el error de 2023, con el agravante de que no se ha aprobado una…
— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) April 15, 2025
Por qué es importante: Más allá de las implicaciones empresariales, los trabajadores también se verán afectados. Especialistas en derecho tributario alertan que este ajuste disminuirá el ingreso disponible mes a mes para los asalariados, golpeando su capacidad de consumo y ahorro, justo cuando los hogares aún enfrentan una inflación alta y una recuperación laboral lenta.
Aunque el Gobierno pretende ganar tiempo con esta jugada fiscal, los efectos colaterales podrían ser más profundos. La retención anticipada implica un traslado de responsabilidades fiscales al sector privado, en un contexto económico aún incierto.
La estrategia puede aliviar temporalmente la presión sobre las finanzas públicas, pero también compromete el comportamiento económico de 2026 si no se acompaña de medidas de ajuste estructural y prudencia en el gasto.
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