El próximo lunes 28 de julio se conocerá una de las decisiones judiciales más esperadas en la historia reciente de Colombia: el fallo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de soborno en actuación penal, soborno y fraude procesal.
La expectativa crece, no solo por la figura involucrada, sino por las implicaciones jurídicas, políticas y sociales de este caso.
Para comprender los posibles escenarios del fallo, 360 Radio conversó con el abogado penalista Santiago Trespalacios Carrasquilla, presidente del Capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien ha seguido de cerca el proceso.
¿Está cerca la absolución de Álvaro Uribe?
Según el análisis de Santiago Trespalacios, el fallo que se emitirá este lunes será, en términos jurídicos, un juicio a la labor de la Fiscalía, más que una competencia entre acusación y defensa. En su opinión, el expresidente Álvaro Uribe podría ser absuelto, ya que la Fiscalía no cumplió con las cargas probatorias exigidas por la ley.
“Una sentencia penal es, en realidad, un juicio al caso de la Fiscalía. No se trata de ver quién lo hace mejor, sino de verificar si la Fiscalía cumplió con las cargas que asumió cuando decidió acusar a un ciudadano”, explicó Trespalacios.
El abogado enfatizó que la Fiscalía debía probar, más allá de toda duda razonable, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez determinó de manera consciente y voluntaria al abogado Diego Cadena y a otros colaboradores para que buscaran testimonios falsos con el fin de entrampar un proceso judicial.
“No se logró acreditar esa intención dolosa. No se probó que Uribe hubiera ideado un plan delictual. Y sin ese elemento subjetivo, los delitos no pueden configurarse”, aseguró.
¿Por qué ha sido tan largo el proceso judicial contra Álvaro Uribe?
El caso de Álvaro Uribe ha sido notoriamente extenso, y para Santiago Trespalacios esto no se debe a la complejidad de los delitos —que considera sencillos desde el punto de vista técnico—, sino a una serie de eventos procesales que terminaron prolongando el juicio de manera extraordinaria.
En primer lugar, el proceso comenzó bajo la Ley 600 del año 2000, la que rige para congresistas. Sin embargo, tras la renuncia de Uribe al Senado, la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia, y el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación bajo el nuevo sistema penal acusatorio.
Este cambio de ley implicó una serie de decisiones técnicas, como el debate sobre si el llamamiento a indagatoria debía entenderse como una imputación formal, lo cual —según Trespalacios— terminó afectando el debido proceso en contra del expresidente.
Además, la Fiscalía solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas para continuar. No fue sino hasta que se asignó un tercer fiscal que el proceso comenzó a avanzar, lo que incluyó más de 100 testigos, audiencias prolongadas y múltiples recursos legales, entre ellos apelaciones, recusaciones y tutelas.
El papel del senador Iván Cepeda en el proceso
Uno de los personajes clave en este caso es el senador Iván Cepeda, quien fue declarado víctima en el proceso. Según Santiago Trespalacios, Cepeda ha tenido un papel legítimo tanto desde la perspectiva jurídica como desde la política.
“Iván Cepeda ha liderado una lucha política a través de la vía judicial. Él mismo ha reconocido que este es un litigio estratégico, donde busca que su visión política del país tenga eco en los tribunales. Eso es válido en una democracia”, afirmó.
Cepeda reunió testimonios que comprometerían al expresidente Álvaro Uribe con la manipulación de testigos. Por su parte, Uribe, también de manera legítima, buscó versiones que desvirtuaran esas acusaciones. Para el penalista, lo que está en juego es una disputa política que se ha judicializado, y que ha hecho aún más ruidoso el proceso.
“Este juicio ocurre en medio de una pugnacidad política muy fuerte. Por eso ha sido tan mediático y tan cargado de interpretaciones. Pero, al final, el análisis jurídico debe estar por encima del sesgo ideológico”, sostuvo.
Para el abogado Santiago Trespalacios, la Fiscalía sí logró demostrar algunos elementos básicos de los delitos, pero no consiguió probar los aspectos más cruciales. Por ejemplo:
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Se probó que existía un proceso judicial en curso.
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Se probó que había testigos involucrados y que se ofrecieron beneficios o entregas.
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Pero no se probó que estas acciones tuvieran la finalidad específica de engañar a la justicia.
“Faltó el elemento subjetivo especial. Es decir, que las promesas o entregas hayan tenido como propósito alterar dolosamente la verdad. Además, al ser Uribe el supuesto determinador, debía probarse un vínculo previo con quienes actuaron, cosa que no ocurrió”, explicó.
Otro punto clave es la legalidad de las interceptaciones telefónicas. Trespalacios cree que varias de ellas deben ser declaradas ilícitas, y que la jueza tiene abierta la puerta para hacerlo en su fallo.
Santiago Trespalacios advierte que, independientemente de la decisión que tome la jueza, el caso Álvaro Uribe no terminará este lunes. Las partes tienen derecho a apelar, y es casi seguro que lo harán. Además, anticipa que este proceso llegará al Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia.
“Este es un caso que seguirá discutiéndose. No va a haber unanimidad ni un cierre completo. Pero más allá del resultado, debemos rodear la decisión judicial y confiar en nuestras instituciones”, concluyó.
El abogado también destacó la labor de la jueza a cargo, quien ha permitido la participación activa de todas las partes, ha garantizado el derecho de defensa del expresidente Álvaro Uribe y ha conducido el juicio con altura.
Álvaro Uribe y la historia de un proceso que marcó un antes y un después
Este proceso contra Álvaro Uribe ha tenido todos los ingredientes de un caso histórico: giros procesales, disputas políticas, protagonismo mediático y un debate profundo sobre el papel de la justicia en Colombia. Sea cual sea el fallo del lunes, marcará un hito en la relación entre la justicia y el poder político en el país.
Y como lo ha dicho Santiago Trespalacios, este proceso será evaluado no solo por su resultado, sino por la manera en que los colombianos comprendan el rol de las instituciones en una democracia.
“La justicia no está para complacer sectores, sino para aplicar el derecho con independencia. Apoyar la decisión judicial, así no estemos de acuerdo con ella, también es fortalecer el Estado de derecho”, concluyó el penalista.
