La estabilidad de las finanzas públicas en Colombia ha entrado en una zona de turbulencia histórica. Según el más reciente informe del Centro de Pensamiento Económico ANIF, el endeudamiento del país ha escalado a proporciones que no se registraban desde finales del siglo XIX, específicamente durante el periodo de la Guerra de los Mil Días. Este panorama, marcado por un gasto que supera sistemáticamente los ingresos, enciende las alarmas sobre la sostenibilidad macroeconómica a mediano plazo.
El análisis de ANIF revela que la deuda neta del Gobierno Nacional Central cerró el año 2025 situándose en torno al 58% del Producto Interno Bruto (PIB). Para encontrar un precedente de tal magnitud, los historiadores y economistas deben remitirse a 1899, cuando el conflicto civil más sangriento de la historia colombiana llevó las obligaciones estatales a niveles cercanos al 85% del PIB, en un entorno de hiperinflación y desorden institucional.
El urgente llamado de ANIF al Gobierno de Colombia por el desborde del gasto
La gravedad del asunto no radica solo en la cifra porcentual, sino en la rapidez del deterioro. En apenas tres décadas y media, la carga financiera por habitante se ha multiplicado exponencialmente. Mientras que hace 35 años la deuda per cápita era de aproximadamente 2 millones de pesos, hoy cada colombiano, teóricamente, debería aportar cerca de 20 millones de pesos para saldar los compromisos del Estado.
La entidad técnica señala que este escenario es el resultado de un desequilibrio estructural: en los últimos 35 años, Colombia solo ha logrado obtener un superávit primario (ingresos mayores a gastos sin contar intereses) en ocho ocasiones. El resto del tiempo, el país ha recurrido al crédito interno y externo para cubrir sus faltantes. Los déficits recientes han sido particularmente profundos: 2024: -2,4% del PIB. 2025: -3,5% del PIB.
Estas cifras solo son comparables con la crisis financiera de 1999 o el choque global de la pandemia en 2020. No obstante, a diferencia de esos eventos puntuales, la tendencia actual parece ser una constante. El centro de pensamiento advierte que, de mantenerse este ritmo, el pago de intereses se convertirá en un «monstruo» presupuestal que para el año 2027 podría devorar hasta $90 billones de pesos, limitando drásticamente la inversión en sectores clave como salud, educación e infraestructura.
Para ANIF, el núcleo del problema es la «extrema rigidez» del gasto público. El gasto de funcionamiento del Gobierno ha crecido de forma notoria, superando incluso el ritmo de consumo de los hogares colombianos, sin que esto se traduzca necesariamente en una mejora proporcional de los indicadores sociales o de desigualdad.
El Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF) se ha unido a las voces de alerta, sugiriendo que para evitar una crisis de proporciones mayores se requiere un ajuste cercano al 4% del PIB. Esto implicaría una combinación de mayor eficiencia en el recaudo y un recorte drástico en la carga del servicio de la deuda, una tarea que los expertos califican de titánica dada la actual polarización política.
La pérdida de confianza de los mercados internacionales y el encarecimiento del crédito son las amenazas inmediatas. Mientras el Gobierno celebra hitos como el pago de deudas con organismos multilaterales, el mercado local castiga al país con tasas para los Títulos de Tesorería (TES) que superan el 14%, reflejando el «sustico fiscal» que perciben los inversionistas.
En conclusión, Colombia se encuentra en una encrucijada financiera que define su futuro para la próxima década. Sin un compromiso serio de austeridad y una reestructuración del gasto, el país corre el riesgo de erosionar su calidad crediticia y quedar atrapado en un ciclo de deuda que, hasta hoy, solo pertenecía a los libros de historia del siglo XIX.
Lea también: El Día de la Madre impulsa las exportaciones de flores: US$430 millones en ventas internacionales