El peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca, se convirtió en el más reciente escenario de ataques con explosivos lanzados desde drones contra infraestructura en esta región. La detonación dejó un civil herido, quien recibió atención médica y no presenta lesiones de gravedad, además de daños en las instalaciones del punto de recaudo. Según informó el Ejército Nacional, tropas del Grupo de Caballería Liviano Número 8 de la Brigada 29 respondieron a la ofensiva, que se suma a otros dos ataques contra peajes del departamento en menos de 15 días.
Lo ocurrido refleja una modalidad de violencia que ha ganado terreno en el conflicto armado colombiano y que representa un desafío para las capacidades de seguridad del Estado. De acuerdo con cifras recopiladas por INDEPAZ, desde 2023 se han registrado 716 ataques con drones, de los cuales 318 ocurrieron durante los primeros meses de 2026, un promedio de un episodio cada 20 horas.
Drones convertidos en armas: una amenaza de bajo costo
La expansión de esta tecnología ha permitido que organizaciones armadas incorporen herramientas disponibles en el mercado civil a sus operaciones, pues los equipos pueden adquirirse por internet o mediante otros canales comerciales y posteriormente adaptarse para transportar explosivos, vigilar posiciones de la Fuerza Pública o atacar instalaciones estratégicas.
El fenómeno no apareció de manera repentina, el primer ataque con explosivos mediante estos dispositivos se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, mientras que el uso de esta modalidad aumentó progresivamente, con 119 acciones en 2024 y 277 en 2025.
Según los datos presentados por INDEPAZ, el 71 % de los ataques se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Además, el 95 % de los hechos se atribuye a dos estructuras armadas: el Estado Mayor Central, con el 72 %, y el ELN, con el 23 %.
La tecnología utilizada dificulta la respuesta de la Fuerza Pública
Una de las principales dificultades para contrarrestar estos ataques está relacionada con la evolución de los dispositivos, aunque los sistemas antidrones pueden recurrir a interferencias electromagnéticas para bloquear las comunicaciones o alterar el control de las aeronaves, estas herramientas pierden efectividad frente a tecnologías como los drones FPV y los guiados por fibra óptica, que pueden operar sin depender de las señales convencionales que buscan interrumpir los inhibidores.
A esto se suma la facilidad para conseguir componentes, modificar los equipos y formar operadores. Los grupos armados han desarrollado capacidades propias de entrenamiento y adaptación, lo que reduce su dependencia de proveedores especializados y permite ampliar el número de personas preparadas para manejar estos artefactos.
La ventaja económica también resulta determinante, en un mensaje atribuido a alias Iván ‘Mordisco’, el jefe de las disidencias aseguró que un dispositivo cuyo precio comercial rondaría los $36 millones podría fabricarse con cerca de $6 millones y transportar seis libras de explosivos. Esta relación entre inversión y capacidad de daño explica parte del atractivo que representan para las organizaciones ilegales.
Colombia prepara una respuesta antidrones, pero persisten los desafíos
El Ministerio de Defensa ha señalado que durante 2025 detectó cerca de 9.000 intentos de ataque y logró inhibir aproximadamente el 96 %. Sin embargo, el porcentaje restante demuestra que incluso una capacidad elevada de detección y neutralización no elimina el riesgo de que algunos dispositivos alcancen sus objetivos.
Entre las medidas adoptadas figura la activación del primer Batallón Antidrones del país en 2025 y las restricciones para el ingreso de componentes destinados a fabricar estos equipos. Además, en 2026 el Gobierno presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, con una inversión estimada de $6,7 billones y una primera fase cercana a $1,1 billones.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su análisis sobre esta problemática, advierte que la respuesta no puede limitarse a adquirir tecnología para interceptar aeronaves. Su planteamiento apunta a afectar las redes que permiten a los grupos armados sostener esta capacidad, incluidos proveedores, instructores y estructuras encargadas de adaptar los dispositivos.
Mientras avanzan estas iniciativas, los ataques continúan exponiendo a militares, policías y comunidades civiles. El caso de Villa Rica demuestra que la amenaza ya no se limita a los enfrentamientos en zonas rurales, también alcanza infraestructura y espacios de tránsito cotidiano, lo que convierte la neutralización de estos artefactos en uno de los retos actuales para la seguridad nacional.