El 6G ya aparece en conferencias, presentaciones empresariales y discursos gubernamentales. Esa presencia puede generar la impresión de que una nueva generación de redes está a punto de llegar a los teléfonos. No es así.
En agosto de 2026, el 6G continúa siendo un proceso de investigación, definición de requisitos y construcción de estándares. Todavía no existe como un servicio comercial terminado.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones utiliza el nombre IMT 2030 para referirse a la futura generación. Durante 2026 avanzó en la definición de los requisitos técnicos y en la metodología que permitirá evaluar las tecnologías candidatas. Al mismo tiempo, 3GPP trabaja en estudios iniciales, mientras mantiene el desarrollo de 5G Advanced. Las propuestas más completas para la nueva generación aparecerán durante los próximos años y el sistema técnico debería tomar forma hacia 2030.
Eso no significa que en 2030 todos los países tendrán redes 6G maduras. Una cosa es terminar un estándar y otra muy distinta es disponer de espectro, equipos, terminales, inversión y aplicaciones comerciales.
Esta diferencia es importante para Colombia. El país todavía está desarrollando su red 5G. A septiembre de 2025 tenía cerca de 6,9 millones de accesos con esta tecnología, equivalentes al 14,2 por ciento del internet móvil. Además, la cobertura seguía concentrada en una proporción limitada de municipios.
El reto no consiste solamente en aumentar el número de conexiones. Consiste en decidir para qué debe servir el 5G.
Una red más rápida genera poco valor adicional si su principal uso es ver videos con mejor resolución. Su verdadero potencial aparece cuando conecta fábricas, puertos, hospitales, sistemas energéticos, fincas, vehículos y servicios de emergencia.
Colombia debería utilizar los próximos años para desarrollar esas aplicaciones. Esa experiencia será más útil para prepararse para el 6G que organizar eventos llenos de promesas sobre una tecnología que todavía está en construcción.
La próxima generación tampoco será simplemente una versión más rápida del internet móvil. Se espera que integre comunicaciones, inteligencia artificial, localización precisa, conectividad satelital y capacidad de detectar cambios en el entorno mediante señales de radio.
En otras palabras, una red podría transmitir información y, al mismo tiempo, percibir movimiento, distancia o presencia. Esto permitiría localizar equipos en una fábrica, detectar caídas en un hogar, apoyar operaciones de rescate o coordinar vehículos autónomos.
Sin embargo, la misma capacidad puede convertirse en una herramienta de vigilancia difícil de detectar. La ausencia de cámaras no elimina el riesgo para la privacidad. Por eso, Colombia debe discutir desde ahora reglas sobre consentimiento, finalidad, almacenamiento y uso de los datos obtenidos mediante radiofrecuencia.
La disputa por el 6G tampoco es solamente técnica. Estados Unidos convocó recientemente a un grupo de países aliados para coordinar una posición frente al liderazgo tecnológico chino en la próxima generación de redes, mientras Pekín llega a esa discusión con Huawei, ZTE, una cadena de proveedores propia y una política industrial coordinada desde el Estado. La próxima gran cita de ese pulso será la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027, que la UIT celebrará en Shanghái entre octubre y noviembre.
Colombia no es ajena a esa disputa. Los operadores del país ya trabajan con una proporción amplia de equipos chinos en sus redes, y el Estado ha mantenido hasta ahora una posición de neutralidad tecnológica en sus subastas de espectro, sin excluir proveedores por origen. Es una postura distinta a la de Estados Unidos, el Reino Unido o Australia, y más cercana a la de la mayoría de los países de la región: en América Latina, solo Costa Rica ha prohibido tecnología china en sus redes, pese a la presión de Washington sobre el resto.
Esa neutralidad puede ser una decisión legítima, pero no puede ser una decisión por omisión. Elegir proveedor de red ya no es solamente una decisión comercial: define con quién comparte Colombia su infraestructura crítica de datos, bajo qué reglas de seguridad y con qué margen de maniobra frente a futuras restricciones internacionales. El país necesita la misma capacidad técnica que ya exigen la ciberseguridad y el análisis de señales para evaluar esos riesgos por cuenta propia, en lugar de heredar la decisión de otros.
Otra transformación será la unión entre redes terrestres y satelitales. Los servicios directos al dispositivo ya están evolucionando desde los mensajes de emergencia hacia la conectividad básica. Para un país con montañas, selvas, costas y poblaciones dispersas, esta posibilidad puede ser más importante que alcanzar velocidades extraordinarias en las principales ciudades.
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