Horas después de conocerse una posible financiación de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) a la campaña de Gustavo Petro sin haber sido reportada, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes señaló que se encuentran realizando una investigación en contra del mandatario colombiano.
En este documento se lee que se ha ordenado una nueva recolecta de material probatorio para agilizar las pruebas, que también son investigados por otros entes de control. Además, agregó que se revisará el expediente que avanza en el Consejo Nacional Electoral en contra de la campaña, que habría recibido donaciones que no son legales según la ley colombiana.
«Se escuchará en diligencia testimonial a Nicolás Petro Burgos el próximo 14 de marzo en la ciudad de Barranquilla», aclaró la Comisión de Acusaciones sobre el hijo del mandatario colombiano, quien durante una audiencia en la Fiscalía General de la Nación reconoció que recibió dinero por parte de Santander Lopesierra, exnarco, y de Gabriel Hilsaca, hijo de un contratista en juicio por financiación a paramilitares.
Panorama general: A parte de Nicolás Petro también se citará a declarar al gerente de la campaña de Petro y actualmente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, Samuel Santander Lopesierra y a Alfonso del Cristo Hilsaca.
Cabe señalar que Roa este martes se presentó citación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y entregó su versión sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña en primera y segunda vuelta.
Una de las últimas posibles irregularidades durante este proceso la dio a conocer Blu Radio, medio que sostuvo que la USO habría donado hasta $600 millones a la campaña, los cuales no habrían sido reportados ante las autoridades competentes, como establece la ley.
Otras investigaciones de presuntos ingresos irregulares de la campaña de Gustavo Petro
Contexto: A este caso se le suma la presunta financiación irregular por parte de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, de $500 millones, y una investigación del CNE por el supuesto pago de $60.000 a testigos electorales del Pacto Histórico en todo el país, que no fueron reportados en la campaña de Gustavo Petro.
De confirmarse estos ingresos, el Consejo Nacional Electoral podría mencionar que durante la campaña se realizaron gastos superiores a los $5 mil millones y lo que se constituiría el delito de omisión de información y se violarían los topes económicos de la campaña.