La nueva ley de financiamiento que impulsa el gobierno de Gustavo Petro ya genera tensiones entre empresarios, expertos y representantes del sector petrolero. Aunque la iniciativa busca recaudar más de $26 billones para cubrir el déficit fiscal, buena parte de ese ajuste se hará a costa de los combustibles.
El resultado, según cálculos de académicos y gremios, será un encarecimiento de la gasolina y el ACPM que terminará impactando no solo a los consumidores, sino también a la inversión en la industria energética.
Gasolina superaría los $18.100 por galón: efectos de la ley de financiamiento en Colombia
El proyecto presentado el 1 de septiembre en el Congreso establece que, a partir de 2026, la gasolina y el diésel empezarán a pagar un IVA del 10%. Un año después, la gasolina alcanzará la tarifa general del 19%, mientras que el ACPM la asumirá en 2028.
Además, el impuesto nacional al carbono subirá a $42.609 por tonelada de CO₂ equivalente, lo que equivale a $384 por cada galón de gasolina.
También se incluye el alcohol carburante utilizado en mezclas, que desde julio de 2026 quedará gravado con IVA general. Para el consumidor final, todo esto se traduce en precios más altos en las estaciones de servicio.
Desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), su presidente Frank Pearl explicó que el galón de gasolina corriente en Bogotá, hoy en $16.293, podría superar los $18.000 en pocos meses después de la entrada en vigencia de la reforma. En el caso del ACPM, pasaría de $10.936 a cerca de $11.800.
“Estamos ante un efecto inflacionario que golpeará a empresas y familias, con un riesgo recesivo si los costos de transporte y producción se disparan”, señaló Pearl.
El directivo también cuestionó la frecuencia de las reformas tributarias, que a su juicio generan incertidumbre y frenan la inversión privada. “Lo que se necesita son reglas estables y de largo plazo, no cambios cada dos años que terminan castigando al consumidor”, agregó.
El profesor Sergio Cabrales, de la Universidad de los Andes, fue aún más claro en su pronóstico: “Con esta reforma, la gasolina podría subir más de 11% y superar los $18.100 por galón”. Según Cabrales, aunque el Gobierno plantea un aumento escalonado, la suma de nuevos impuestos terminará trasladándose al bolsillo del ciudadano.
La reforma no solo toca el precio de los combustibles. Otro de los puntos polémicos es la reducción de la deducibilidad de los bonos de carbono, que pasará del 50% al 30%. Para la ACP, esto desincentiva el mercado de créditos de carbono, un mecanismo que podría convertir la biodiversidad colombiana en un activo rentable y sostenible.
“Estamos cerrando la puerta a una oportunidad de atraer inversión internacional en temas ambientales”, advirtió Pearl, quien además recordó que el país ya enfrenta un rezago en competitividad frente a otros productores de petróleo y gas.
Desde el Ministerio de Hacienda, la respuesta ha sido que los impuestos no necesariamente implicarán un alza en el precio final de los combustibles. Germán Ávila Plazas, jefe de la cartera, aseguró que habrá medidas para mitigar los efectos en los consumidores.
El propio presidente Petro defendió la iniciativa en redes sociales, señalando que los impuestos a los combustibles buscan cubrir el déficit generado por el subsidio a la gasolina, que hoy asciende a 70 billones de pesos. “Si el Congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina”, advirtió el mandatario.
Para el Gobierno, el mensaje es claro: la ley de financiamiento es necesaria para sostener el gasto social y avanzar en la equidad, y los ajustes al sector energético forman parte de una transición fiscal y ambiental.
Mientras avanza el debate en el Congreso, el sector petrolero mantiene sus reservas. De aprobarse tal como fue presentada, la reforma marcará un antes y un después en los precios de la gasolina y el diésel, y en la forma en que Colombia gestiona su industria energética.
Lo cierto es que, en el corto plazo, la ley de financiamiento encarecerá el costo de los combustibles y trasladará la presión al consumidor final, pero en el largo plazo también plantea interrogantes sobre la estabilidad de la inversión, la competitividad del país y la sostenibilidad de un mercado energético que ya enfrenta retos estructurales.
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