La cartera pública en mora asciende a $165,64 billones y reúne 996.611 deudores, según un análisis realizado por la Contraloría General de la República, con corte al 31 de mayo de 2026.
La cartera pendiente de cobro por parte de las entidades públicas alcanza los $165,64 billones, de acuerdo con un análisis realizado por la Contraloría General de la República con información consolidada hasta el 31 de mayo de 2026. El monto corresponde a obligaciones de 996.611 personas naturales y jurídicas registradas como deudores morosos del Estado.
La revisión fue adelantada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que examinó los datos del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), administrado a partir de la información reportada por las entidades públicas a la Contaduría General de la Nación.
El análisis puso la atención sobre varios aspectos relacionados con la gestión de estos recursos, entre ellos la cantidad de entidades que reportan información, la concentración de las obligaciones, su antigüedad y las acciones adelantadas para recuperar el dinero.
Solo cuatro de cada diez entidades reportaron cartera
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de la Contraloría está relacionado con el nivel de reporte. De las 6.398 entidades públicas identificadas para el análisis, únicamente 2.545, equivalentes al 39,78 %, registraron cartera en el boletín.
En contraste, 3.853 entidades no aparecen con reportes de cartera desde 2019. La Contraloría señaló que esta situación será trasladada a las delegadas correspondientes para establecer, mediante futuras auditorías, si esas entidades efectivamente no tienen obligaciones pendientes o si existen posibles incumplimientos en el deber de informar.
La concentración de la deuda también resulta significativa. Las 20 entidades con mayores saldos reúnen alrededor de $135,8 billones, cifra que representa cerca del 82 % de toda la cartera registrada.
La antigüedad constituye otro factor de preocupación. Cerca de $65 billones corresponden a obligaciones con cinco años o más, lo que incrementa los riesgos asociados con la prescripción y dificulta las posibilidades de recuperación. Otros $100,64 billones tienen menos de cinco años de antigüedad y, según el análisis, podrían presentar mejores posibilidades de cobro si se adelantan oportunamente las gestiones correspondientes.
La DIARI también cruzó la información del BDME con bases como SIIF Nación, SECOP, eKOGUI y registros de la Dian. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 encontró 13.282 deudores morosos que recibieron pagos por $124,9 billones mediante SIIF Nación, mientras mantenían obligaciones pendientes cercanas a $20,9 billones.
El análisis igualmente identificó 20.238 deudores morosos que contrataron con entidades públicas por $16,3 billones durante ese periodo. Estas personas y organizaciones registraban obligaciones pendientes por aproximadamente $11,8 billones.
La Contraloría utilizará estos resultados como insumo para fortalecer las acciones de vigilancia y determinar posibles inconsistencias en los procesos de reporte, contratación, recaudo y recuperación de recursos públicos.
El hecho: La cartera pública morosa llegó a $165,64 billones con corte al 31 de mayo de 2026.
¿Por qué es importante? Se trata de recursos que las entidades estatales tienen pendientes de recuperar y cuya gestión puede impactar las finanzas públicas.
¿Cuál es el contexto? La Contraloría revisó el BDME y cruzó sus datos con diferentes sistemas oficiales para detectar inconsistencias y riesgos.
¿A quiénes afecta y cómo? A las entidades públicas responsables del cobro y a los deudores que mantienen obligaciones pendientes con el Estado.
¿Qué intereses hay en juego? La recuperación efectiva de recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, reporte y cobro.
Dato clave: Las 20 entidades con mayores saldos concentran cerca del 82 % de toda la cartera morosa registrada, con aproximadamente $135,8 billones.