La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia sobre la baja ejecución del presupuesto 2024, señalando que, hasta noviembre, solo se ha ejecutado el 71,1% de lo previsto, el porcentaje más bajo de los últimos cinco años. Este nivel de ejecución es preocupante, especialmente si se considera que la cifra se asemeja a la de 2020, un año marcado por la pandemia. Además, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para optimizar el uso de los recursos públicos, especialmente tras el rechazo de la reforma tributaria, lo que ha generado desafíos fiscales adicionales.
Panorama general: En un comunicado oficial, la Contraloría subrayó la importancia de ejecutar eficientemente el presupuesto público para fortalecer la economía nacional y proporcionar beneficios directos a la sociedad. La baja ejecución presupuestal, especialmente en el ámbito de la inversión, podría resultar en que una parte significativa de los recursos no se utilice para los proyectos y programas originalmente previstos, afectando el desarrollo de importantes iniciativas sociales y económicas.
Desde el inicio de la programación y ejecución del presupuesto de 2024, se han presentado varios contratiempos, lo que ha complicado la correcta administración de los recursos públicos. Uno de los principales obstáculos fue la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, el cual no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que llevó a la congelación de recursos por un total de $36 billones. Este inconveniente inicial afectó de manera significativa el flujo de recursos y, por ende, la capacidad de inversión en proyectos clave.
La baja ejecución del presupuesto 2024: Un desafío para la estabilidad fiscal y económica
Por qué es importante: En cuanto a los ingresos, los datos preliminares de noviembre de 2024, proporcionados por el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), muestran un recaudo neto total de $369,74 billones, lo que representa una caída del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, los ingresos tributarios alcanzaron $227,41 billones, lo que corresponde al 72% de la meta proyectada de $315,86 billones. Esta contracción se debe, en gran parte, a una reducción del 18% en el impuesto de renta y a una disminución de $2,29 billones en los impuestos externos.
A pesar de que se han cumplido compromisos clave como el servicio de la deuda, que alcanzó los $79,7 billones, y los gastos de funcionamiento, que sumaron $233,67 billones, la ejecución en inversión ha sido limitada. De los $100,06 billones asignados para inversión, solo se han ejecutado $44,83 billones. Esta baja ejecución podría tener implicaciones negativas para el cumplimiento de los objetivos del gobierno en áreas como infraestructura, salud, educación y desarrollo social.
Según las cifras disponibles hasta noviembre, las pérdidas de apropiación podrían llegar a los $96,87 billones, lo que refleja recursos no comprometidos que podrían no ser utilizados para los fines originalmente establecidos en el presupuesto. Esta situación resalta la necesidad de implementar ajustes fiscales para evitar la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, en un contexto de creciente incertidumbre económica.