Las contralorías regionales en Colombia, encargadas de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos en cada departamento, enfrentan actualmente serios cuestionamientos sobre su eficiencia y manejo de recursos.
Un reciente informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revela las amplias diferencias entre estas entidades en cuanto a recuperación de fondos, presupuestos y el número de personal. La investigación expone que, en algunos casos, la estructura descentralizada del sistema ha derivado en ineficiencias y en un incremento desmedido de costos sin resultados acordes.
Panorama de las Contralorías Regionales en Colombia
El modelo de control fiscal descentralizado en Colombia tiene como objetivo una fiscalización más exhaustiva de los recursos públicos. Sin embargo, la descentralización también significó mayores gastos operativos para sostener las 32 contralorías departamentales y sus crecientes plantas de personal.
La Fundación Pares, en su análisis, evaluó la ejecución presupuestal, la cantidad de personal y el dinero recuperado por estas entidades en los últimos cinco años, dejando en evidencia importantes brechas y cuestionando la efectividad del modelo.
Solo en 2019, el Estado colombiano destinó más de 328.000 millones de pesos al pago de salarios de los contralores departamentales, mientras que las contralorías regionales en su conjunto recuperaron apenas un 3,24% de ese monto mediante procesos de responsabilidad fiscal. “El dinero recaudado por responsabilidad fiscal es sumamente bajo en comparación con el presupuesto asignado”, señala el informe, que advierte sobre la insostenibilidad del modelo actual.
Las disparidades en salarios y resultados
El informe destaca cómo los salarios de los contralores departamentales varían considerablemente entre regiones y categorías. En departamentos de categoría especial, como Cundinamarca y Valle del Cauca, los contralores devengan salarios superiores a los 23 millones de pesos mensuales, mientras que en departamentos de menor categoría, como Boyacá, el salario de los contralores no supera los 10 millones de pesos. Además, sorprende que en algunos casos, departamentos de categorías bajas presentan incrementos salariales del 50% en los últimos años, sin que esto se traduzca en mayores resultados.
Estas disparidades no solo se limitan al salario. El personal de cada contraloría también varía considerablemente: por ejemplo, en Atlántico, donde la planta de empleados es de 82 personas, apenas se recuperaron 135.000 millones de pesos en un quinquenio, mientras que en Caquetá, con solo 20 empleados, se recuperaron más de 1.495.000.000 millones de pesos. Este contraste indica que un número mayor de empleados no garantiza una recuperación efectiva de recursos.
El informe de Pares también señala que entre 2019 y 2023, las contralorías departamentales en Colombia realizaron 12.469 procesos de responsabilidad fiscal. No obstante, apenas el 10% de estos procesos derivaron en fallos, lo que sugiere una baja efectividad en la resolución de los mismos. De acuerdo con el informe, esta lentitud en los procesos responde a la falta de recursos tecnológicos y a la burocracia que predomina en estas entidades.
La ineficiencia en el modelo ha llevado a diferentes sectores a proponer reformas profundas. Algunos políticos han sugerido la eliminación de las contralorías regionales; en 2023, un congresista del Centro Democrático presentó un proyecto de ley con este fin. De igual manera, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha expresado su apoyo a la eliminación de estos entes. En 2022, el senador Roy Barreras propuso suprimir la Contraloría General de la República para crear un Tribunal de Cuentas, planteando así un cambio radical en el control fiscal del país.
El panorama descrito en el informe sugiere que las contralorías regionales en Colombia se han convertido en “fortines burocráticos”, según Pares, donde en muchos casos los nombramientos se han politizado, generando favoritismos y contrataciones que no siempre son en beneficio del control fiscal. Un caso mencionado es el de la contraloría de Caldas, supuestamente cooptada por intereses políticos de exsenadores. Este tipo de denuncias pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema actual frente a la burocracia y la corrupción.
¿Cuál Es el futuro de las Contralorías Regionales en Colombia?
El debate sobre la viabilidad de las contralorías regionales sigue abierto. Mientras algunos argumentan que estas entidades son necesarias para garantizar un control fiscal descentralizado, otros creen que su actual estructura es insostenible y proponen modelos alternativos para una mayor eficiencia. Pares concluye que la solución podría radicar en un fortalecimiento tecnológico y un mejor diseño de los procesos de responsabilidad fiscal.
Lea el informe completo de PARES en este enlace.