La Fiscalía no pidió una medida de aseguramiento contra el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, porque actualmente no desempeña ningún cargo público.
Por: Redacción 360 Radio
La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que imputará cargos al exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo, por irregularidades en un contrato que suscribió durante su mandato como gobernador del departamento.
Se trata de un contrato de empréstito o préstamo firmado entre la Gobernación de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A., el 5 de diciembre de 2013, considerando que Fajardo fue gobernador entre los años 2012 y 2015.
En este orden de ideas, Fajardo era el ordenador del gasto y, por tanto, firmó el contrato y el pagaré de dicho préstamo, lo que lo convirtió en responsable y garante de todas las decisiones administrativas que se realizaran con base en este contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, el documento dio luz verde al desembolso de US$77 millones para la sustitución de deudas con otros bancos.
LEER TAMBIÉN: Petro necesita ganar en primera, Fajardo pasar a segunda
El problema radica en que, según revelan las indagaciones de la Policía Judicial, “no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito de moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”, tal y como se puede leer en el comunicado emitido por la Fiscalía.
Además, el ente acusador señala que un hecho grave es que al momento de hacer el desembolso el dólar se cotizaba en $1.926, pero dos años después su valor estaba en $3.140 aproximadamente, por lo que habría un presunto detrimento fiscal a causa de la devaluación del peso.
En este contexto, la Fiscalía explica que la decisión se vio reflejada en el crecimiento de la deuda del departamento, que para ese entonces pasó de los “$600.000 millones a cerca de $1,2 billones”.
Por tanto, Sergio Fajardo deberá responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cabe mencionar que la Fiscalía no pidió una medida de aseguramiento contra el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, porque actualmente no desempeña ningún cargo público.
