La Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara el incumplimiento general del Gobierno frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y determina que los recursos fijados para el año 2024 son insuficientes para garantizar la cobertura de los servicios de salud.
A través del Auto 007 del 23 de enero de 2025, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud la implementación de un mecanismo de ajuste para la UPC que deberá aplicarse en el transcurso del año.
Fallo de la Corte Constitucional obliga al Gobierno a reformular la UPC para garantizar atención en salud
La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, la cual estableció directrices para mejorar la estructura del sistema de salud en Colombia.
En esta oportunidad, la Corte determinó que la actual UPC, una de las principales fuentes de financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), presenta fallas que afectan la garantía de atención para los afiliados.
Motivos de la decisión: En su pronunciamiento, la Corte identificó varias deficiencias en la gestión del Ministerio de Salud relacionadas con la suficiencia financiera del sistema. Entre las principales razones expuestas se encuentran:
- Ausencia de mejoras estructurales. El alto tribunal concluyó que el Ministerio de Salud no ha avanzado en la corrección de las falencias identificadas en la información utilizada para definir la UPC. La Corte resaltó que persisten fallos que ya habían sido advertidos en el Auto 411 de 2016, lo que ha generado deficiencias en la asignación de los recursos.
- Desactualización de costos. Otro punto clave se relaciona con la falta de actualización de los costos reales de los servicios de salud. La Corte indicó que, aunque la UPC se ajusta cada año, las metodologías utilizadas no reflejan el impacto de factores como el envejecimiento poblacional, el crecimiento en la demanda de servicios especializados y los efectos de la inflación en el sector.
- Deficiencias en la supervisión. El fallo también enfatizó que no existen mecanismos adecuados de control para evaluar la utilización de la UPC por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Según la Corte, esta situación ha generado problemas en la distribución de los recursos y ha debilitado la calidad de la atención prestada a los usuarios.
Implicaciones de la medida: La decisión de la Corte Constitucional tendrá un impacto significativo en la planeación financiera del sistema de salud en Colombia. La derogación del ajuste de la UPC para 2025 implica que el Ministerio de Salud deberá presentar un nuevo esquema de financiación que garantice la suficiencia de los recursos destinados a la atención de los afiliados.
Además, la medida podría generar incertidumbre en las EPS, que dependen de estos recursos para su operación. Sin un ajuste adecuado, podría haber riesgos de desfinanciamiento en algunos sectores del sistema, lo que afectaría directamente la prestación de servicios a los pacientes.
Por otro lado, la Corte ha ordenado que se inicien investigaciones para determinar la responsabilidad de las entidades involucradas en la administración de la UPC. En este sentido, se podrían establecer sanciones en caso de encontrarse irregularidades en la gestión de los recursos.
Contexto y antecedentes: La UPC es el monto per cápita que el Estado transfiere a las EPS para financiar la atención en salud de los afiliados al sistema. Su valor se define con base en un análisis técnico que considera la estructura de costos, la demanda de servicios y otros factores económicos y sociales.
Desde la implementación de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional ha mantenido un monitoreo constante sobre la UPC para asegurar que sea suficiente y permita garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud. Sin embargo, en diversas ocasiones ha evidenciado problemas en su fijación y ha instado a las autoridades a corregir estas falencias.
En 2016, a través del Auto 411, la Corte ya había advertido sobre inconsistencias en la metodología utilizada para el cálculo de la UPC. Pese a ello, según el reciente pronunciamiento, el Ministerio de Salud no ha implementado los correctivos necesarios para subsanar dichas deficiencias.
Panorama general: Con esta nueva decisión, la Corte Constitucional deja en evidencia que el problema de la insuficiencia de la UPC sigue vigente y requiere acciones inmediatas por parte del Gobierno. La orden de establecer un nuevo mecanismo de ajuste busca evitar que la deficiencia en los recursos continúe afectando la calidad del servicio de salud en el país.
El Ministerio de Salud tendrá un plazo de 10 días para diseñar una estrategia que garantice que la UPC sea suficiente y que los recursos se distribuyan de manera equitativa entre las EPS. Asimismo, la Corte enfatizó que se deberá fortalecer la supervisión sobre el uso de estos fondos para evitar irregularidades y mejorar la atención en salud para millones de colombianos.
Las próximas semanas serán claves para definir el rumbo del sistema de salud en el país. Se espera que el Gobierno presente propuestas concretas para cumplir con la orden de la Corte y que las EPS colaboren en la implementación de un modelo más eficiente y transparente en la administración de los recursos de la UPC.